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Ley 2 mayo 1975, núm. 19/ 75 

Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

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I. Las dificultades y los problemas que comporta la adaptación de los núcleos urbanos a las exigencias impuestas por la moderna tecnología y por las condiciones de vida propias de la sociedad industrial con sus correlativas mayores exigencias de equipo comunitario y de calidad de su entorno y la necesidad de preparar en forma anticipada y racional un asentamiento, social y económicamente adecuado, para las grandes masas de población que en los próximos años van a incrementar los núcleos urbanos -del orden de 22 millones más de habitantes en España sólo de aquí a fin de siglo reclamando en los últimos tiempos, por su trascendencia y complejidad, la atención no sólo de los Gobiernos y los hombres de ciencia. sino de los propios ciudadanos en todo el mundo.

En consecuencia con esa preocupación, los Planes de Desarrollo Económico y Social han considerado al urbanismo como uno de los grandes temas de nuestro tiempo e incorporan a sus páginas un diagnóstico de la situación actual que juntamente con esa perspectiva de futuro que exige la dinámica, difícilmente reversible, del proceso de urbanización, constituye el obligado punto de partida para la tarea de poner al día los instrumentos legales que permitan hacer frente al doble objetivo de resolver los problemas ya planteados y de prevenir los que puedan surgir en el futuro.

II. El examen de la situación urbanística española permite concluir que, a pesar de los esfuerzos de gestión desarrollados en los últimos años y de las cuantiosas sumas invertidas para regular el mercado del suelo, el proceso de desarrollo urbano se caracteriza, en general, por la densificación congestiva de los cascos centrales de las ciudades, el desorden de la periferia. la indisciplina urbanística y los precios crecientes e injustificados del suelo apto para el crecimiento de las ciudades.

Las causas de esa situación son, evidentemente, complejas. Algunas se pueden situar con seguridad en el marco del ordenamiento jurídic

sin que ello deba sorprender si se tiene en cuen ta que la vigente Ley de Régimen del Suelo ,, Ordenación Urbana (R. 1956, 7 73, 867 y Apéndice 1951-66, 14217), se promulga antes de que se inicie con todo su vigor el proceso de "urbanización" acelerada en España.

Intuido, sin embargo, este proceso por el legislador en 1956, muchas de los problemas que comporta fueron previsoramente contemplados y se puede decir que los principios que inspiran la Ley del Suelo, tienen validez casi permanente. Con toda justicia recibió este texto legal una excelente acogida por parte de la crítica científica especializada, y la mejor prueba de su magnífica factura técnica y del general acierto de su concepción es que 16 años des

de cm promulgación Puede ser e soporteyu ., luego -blemas no derivan Tanto de la vigencia de aquellos principios, sino más bien de su desarrollo insuficiente, de la defectuosa instrumentación de las medidas articuladas para hacerlos efectivos, de la inadaptación de esas medidas a las circunstancias cambiantes del país o de la inaplicación o aplicación ineficaz de esas propias medidas.,

Entre las causas de la situación urbanística española, susceptibles de tratamiento con medidas legislativas, destacan fundamentalmente las siguientes:

a) Una insuficiente incidencia de la plan ifi económica en la planificación física y una concepción del plan urbanístico, introducida en la legislación española al hilo de la doctrina dominante en la época en que se promulgó la Ley del Suelo, como un documento cerrado, estático y acabado, imagen anticipada de la ciudad en el año horizonte y limitado a los aspectos físicos del proceso de urbanización, que ha sido superada ya desde una perspectiva teórica y que se revela en la práctica como incapaz de dirigir el proceso urbano con la dinámica que exigen las actuales circunstancias.

b) La indisciplina urbanística, que ha encontrado en la inadaptación de los Planes a las necesidades cambiantes la disculpa permanentemente invocada y que se ha visto también favorecida por las quiebras que el vigente ordenamiento ofrece al principio de distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios del planeamiento y de la urbanización, por la indefensión que ha supuesto para el interés público la aplicación generosa del principio de responsabilidad de la Administración frente a los afectados por la anulación de licencias ilegales, aunque, pudieran concurrir en su actuación, dolo, culpa o negligencia graves; por la ineficacia de los instrumentos de control y de restablecimiento del orden urbanístico y por la desproporción entre la responsabilidad política de los órganos estatales que tienen atribuido el ejercicio de la tutela urbanística y sus efectivas facultades para cuidar adecuadamente. esta parcela del interés público.

c) La inadecuación de las estructuras administrativas y de los mecanismos de coordinación y tutela entre las distintas administraciones interesadas, a la creciente complejidad de los fenómenos de ordenación urbanística del territorio.

d) El uso abusivo de las normas sobre fomento de la edificación, invocadas en gran número de casos con el propósito fundamental de eludir el rigor de la legislación. de arrendamientos- y los beneficios extraordinarios que ofrece la concesión de grandes volúmenes de edificación, insuficientemente contrapesados por las correspondientes cargas, factores ambos que han contribuido notablemente a la densifica de los cascos urbanos.

e) Desde el punto de vista de la política urbanista, el condicionante fundamental de la oferta de suelo y de su precio excesivo lo constituye la escasez de suelo urbanizado. Dicha escasez viene determinada fundamentalmente por los propios planes cuando califican como apto para el desarrollo urbano una cantidad de suelo insuficiente para atender, en condiciones razonables de competencia, las necesidades de la demanda; por el déficit acumulado de infraestructuras primarias y secundarias; por un régimen jurídico del suelo que no ha constituido estímulo suficiente contra las ventajas que en la retención han encontrado los propietarios desde su posición dominante en este mercado y por unas normas de ejecución de los planes que no han acertado a coordinar las inversiones públicas y las privadas ni a hacer compatibles la agilidad en la actuación y la justicia en la distribución de beneficios y cargas.

La Ley del Suelo basó su política antiespeculativa fundamentalmente en la capacidad de los patrimonios públicos de suelo para ser utilizados como reguladores del mercado y en la normativa sobre enajenación forzosa de solares sin

u---- han sido concebidos no ofrece lugar a dudas.

Esa elevación excesiva de los precios del suelo ha tenido como gravísimas secuelas no sólo el encarecimiento de la vivienda en todas sus categorías y de los establecimientos industriales y de servicios, sino, además, la indebida apropiación por propietarios privados de una parte importante de las plusvalías derivadas del proceso de urbanización. La escasa cuantía de las cargas exigidas por la legislación urbanística y la notoria insuficiencia de los correctivos fiscales han permitido la consolidación en manos privadas de importantes beneficios irrenunciablemente públicos.

III No obstante la variedad y heterogeneidad de las causas explicativas de la insatisfactoria situación urbanística, es claro que muchas de ellas se refieren a ese tipo de instrumentos de configuración de la realidad económica y social que en el contexto cultural español se traducen en normas jurídicas. El afán perfeccionista de rigor lógico en la concepción y aplicación del planeamiento, el idealismo de sus mecanismos, su escasa eficacia para controlar unos procesos de gran vitalidad y fluidez que se han desbordado por el camino de una indisciplina, consentida a veces incluso por necesidad, y no sólo 'a definición de los derechos y obligaciones de los propietarios, la determinación de competencias o la regulación de las infracciones, sanciones y responsabilidades, encuentran su reflejo en el marco común que es el Ordenamiento jurídico. La revisión de éste puede y debe tener decisiva influencia en el futuro del desarrollo urbano. La necesidad de esa revisión es clara. Se hace absolutamente indispensable la definición de un marco jurídico para la política urbanística que aproveche la experiencia adquirida durante la vigencia de la Ley del Suelo y resulte más acorde con las necesidades del presente y de un futuro razonable, de manera que queden establecidas unas líneas maestras que orienten el previsible crecimiento de la población urbana en las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista social como del económico.

La reforma que ahora se propone tiende a corregir a nivel legislativo las causas de la situación imputables al Ordenamiento jurídico, en el contexto de las consideraciones anteriores. No se trata, pues, de resolver todas las cuestiones que plantea la problemática creciente del proceso urbano. Se pretende incidir sobre aquellos problemas cuya solución puede intentarse con medidas legales y que, a su vez, no exigen ni una modificación del marco institucional de la Administración ni de las líneas maestras de la vigente Ley del Suelo. en la que se integran las nuevas disposiciones. Se encomienda, por último, al Gobierno la refundición de las normas urbanísticas fundamentales y la de éstas y otras afines, en el menor número posible de textos, con objeto de reducir al mínimo las quiebras del principio de unidad de la legislación especial básica que la Ley del Suelo encarnó en tan buena medida y al que ahora se sirve incluso previendo la integración ulterior en otros textos legales de preceptos de esta Ley que, no obstante su contenido urbanístico, se estiman más propios de otros cuerpos normativos.

1V. Para llenar el vacío existente en el Ordenamiento jurídico en orden a la conexión del planeamiento físico con el planeamiento socioeconómico, se regula "ex novio" la figura de los Planes Directores Territoriales de Coordinación, de ámbito espacial indeterminado a priori, y a los que se asigna, como misión fundamental, la de señalar las grandes directrices que han de orientar y coordinar la ordenación urbanística del territorio dentro de las previsiones de los Planes de Desarrollo y con la adecuada atención a los problemas del medio ambiente, y establecer el marco físico en el que han de desarrollarse coordinadamente las previsiones, localizables espacialmente, de la planificación económica y social. A este respecto, se cuida la adecuada participación de Organismos esta

lante para todas las administraciones

afectadas.

al Consejo de Ministros.

Los Planes Generales Municipales de Ordenación se conciben ahora como planes abiertos, sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos, que permitan, de una parte, la incorporación de imprevistos, la asimilación del margen de imprevisibilidad para exigencias nuevas o cambiantes, y de otra, la diferenciación de las propuestas del propio planeamiento con tratamiento diverso para las mismas, en cuanto a fijeza y concreción, según se programen.

Así, sobre las distintas clases de suelo definidas por el Plan, se plantearán estrategias de ordenación a largo plazo, amplias estructuras intemporales dadas en esquemas generales, junto con acciones concretas programadas, insertas en aquellas directrices, para una realización a corto o medio plazo. Se pretende así eliminar determinaciones excesivas, no garantizables ni técnica ni económicamente, y aumentar el grado de definición y de fiabilidad de aquellos elementos necesarios y exigibles para el desarrollo inmediato de la ciudad. Las propuestas de estructura urbana constituyen así la trama de referencia física para la realización temporal del programa de su desarrollo.

Otro aspecto importante es el de la incorporación de formas de actuación de la iniciativa privada, que la experiencia ha demostrado ser aprovechables, y que tienen actualmente dificultades para producirse dentro de la legalidad. Se trata de abrir nuevos cauces a la actividad y capacidad de los agentes privados de la urbanización para una buena parte del proceso de desarrollo urbano por unidades de cierta entidad. Dentro de este planteamiento se establece el marco para que el Plan pueda asimilar fórmulas de urbanismo concertado dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que permitan seleccionar y tamizar esas actuaciones de acuerdo can su!, objetivos.

Así, pues, junto con el desarrollo programado, aparece en el Proyecto, dentro del marco regulado y configurado por los Planes, un desarrollo eventual, cuya forma de manifestarse influirá en la evolución posterior del Plan y obligará a su corrección y reajuste. El ámbito espacial de este suelo, de urbanización meramente posible, podrá tener, sin los compromisos de la actual "reserva urbana", una gran amplitud.

Todo lo anterior debe tener una inmediata repercusión en la oferta de suelo urbanizado que, como se ha indicado ya, está en la base del problema de la especulación. El sistema previsto disminuye notablemente los efectos del actual en cuanto a posible creación de monopolios a favor de propietarios de suelo favorecidos por concesiones discriminatorias de plusvalías generadas por el propio planeamiento y por la limitación de suelo urbanizable que le acompaña.

Las nuevas precisiones que se introducen en la regulación de los planes parciales corresponden al propósito de corregir los defectos que la experiencia ha puesto de relieve y, fundamentalmente, a hacerlos más operativos, aun a costa de un mayor esfuerzo de elaboración.

En el marco normativo de esta figura se introducen otras innovaciones importantes. Por primera vez se señalan con carácter general y con una formulación adecuada las dotaciones mínimas para parques y jardines públicos, para templos, centros docentes y culturales y para aparcamientos. El establecimiento con carácter general de estas dotaciones no agota su virtualidad en garantizar ese mínimo equipo colectivo, sino que condiciona en buena medida la edificabilidad máxima. En punto a reserva de suelo con fines culturales y educativos se asumen como propias de la política urbanística y con el máximo rango normativo las exigencias derivadas de la Ley General de Educación (R. 1970, 1287 y R. 1974, 997).

defecto dé Plan de Ordenación o Norma Urbanística que lo autorice, ni siquiera en suelo urbano podrá edificarse una altura superior a tres plantas sobre la rasante del terreno. Se cubre así una importantísima laguna existente en nuestro Ordenamiento, que no prevé una limitación a la construcción en suelo urbano sin plan, con evidente incongruencia en relación con el conjunto de limitaciones que se derivan del planeamiento urbanístico y se elimina "ex lege" la posibilidad de los desmanes urbanísticos que como consecuencia de aquella laguna se han podido producir.

La nueva regulación de los Planes especiales hace expresa referencia a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente natural y el Patrimonio cultural y cuida de completar la normativa vigente en relación con la reforma interior de las poblaciones. Los proyectos de urbanización reciben una definición precisa er cuanto a su naturaleza y contenido.

La ordenación de detalle de las actuaciones no programadas, ejecutadas directamente por 1i Administración o concertadas con los particu. lares, se instrumenta a través de una figura d< planeamiento que participa de la naturaleza d< los Planes y de los Proyectos.

La experiencia ha puesto de relieve que la; Normas Subsidiarias y Complementarias del pla• neamiento son en muchos casos, por razones d< urgencia o por la escasa entidad o complejidad de los problemas, el instrumento más adecuad< para afrontarlos. La nueva regulación desarro lla la vigente para permitir su uso en la me dida conveniente, con una mayor participación de las Entidades locales y sin quiebra de la garantías debidas a los interesados ni de la exigencias mínimas de técnica urbanística.

Los preceptos vigentes de la Ley del Suel, (citada) en relación con los edificios monumen tales o singulares han conducido, en la práctica a frecuentes actuaciones abusivas, con notori infracción de la general obligatoriedad de lo Planes que se consagran en la Ley. Con la nue va regulación cualquier modificación de la or denación aprobada sólo podrá tener lugar po razones de interés público y mediante los trá mites y formalidades establecidos con carácte general.

V. Las modificaciones que se introducen e el régimen urbanístico del suelo se inspira fundamentalmente en los siguientes principio:

La aptitud para edificar la da el Plan, per el derecho a edificar se condiciona, con toda sus consecuencias, al efectivo cumplimiento d las obligaciones y cargas que se imponen

propietario dentro de los plazos previstos en < propio Plan.

La expectativa de destino urbano se produc escalonadamente en varios momentos, El Pla General, salvo en suelo urbano, y en su cas el Plan Director, vinculan negativamente deten minados terrenos, cerrando la posibilidad de s futura urbanización. Para los demás, se lim tan a orientar el criterio de futura programa ción, pero sin prejuzgar ninguna expectativa concreta.

La regulación del uso de unos terrenos a n vel de Plan Parcial consolida de forma coi creta la expectativa de urbanización. Sin en bargo, esta expectativa tampoco es definitiv si no va inmediatamente seguida de la ejercu ción de la urbanización y del cumplimiento p, el propietario de sus obligaciones y cargas. P, el contrario, queda condicionada a unos plazos de caducidad que permiten, frente a su titula reintegrar los terrenos automáticamente a

primitiva situación de rústicos en el caso i que la ejecución inmediata del Plan se vie frustrada. Ese plazo de caducidad tiene un efe to de garantía múltiple: para la seguridad d tráfico jurídico este plazo garantiza que, ant de su transcurso, cualquier reducción del apr vechamiento implica expropiación y, por lo ta to, tiene que ser indemnizado por la Admini tración que adoptó la decisión. Para el inter público, asegurando de una parte que, transc

do dicho plazo, se podrán reconsiderar las cunstancias y adoptarse una nueva decisión ninguna cortapisa, y de otra, reduciendo nsiderablemente el riesgo y la trascendencia las calificaciones que no vayan seguidas de versiones efectivas e inmediatas, y estimuido de un modo indirecto, que se espera efi la necesaria oferta del suelo.

.os planes sólo atribuyen en suelo programael derecho a un aprovechamiento medio (de:ido del previsto en el propio Plan, el que responda a la Administración). Ningún protario adquiere derecho a un aprovechamiento rerior al medio del Plan. Todos tienen a el, el punto de partida, el mismo derecho. El ncipio de distribución equitativa de las car: y beneficios del planeamiento que en la ente Ley sólo opera a nivel de sector, sin regir las desigualdades entre éstos por muy ndes que fueran, se lleva as¡, para todo el lo de nueva urbanización, a sus últimas conuencias.

,a clasificación del suelo sigue siendo clave a la determinación del régimen jurídico ¡cable a los terrenos y para la regulación proceso de desarrollo urbano.

a definición del suelo urbano se depura de ambigüedades de la actual y se hace de del hecho físico de la urbanización bá y aunque en el momento de la aprobación Plan se encomienda a éste una delimitación ese suelo, no por eso el concepto pierde su carácter dinámico. El efecto fundamental de esa sificación consiste en que por las propias características físicas del suelo -básicamente anizado- y su inserción en la malla urbana, patir de una regulación de detalle que in)ora el propio Plan General, se agiliza el ,eso de terminación de la urbanización.

i Plan distingue a partir de ahí dos clases suelo El urbanizable y no urbanizable.

primero es el -que se considera apto. en icipio, para ser urbanizado. Esa urbaniza¡ se prevé con criterio voluntarista, de acuer unos programas, para una parte de ese o y sólo como meramente posible en deter circunstancias para el resto.

i el suelo no urbanizable, por sus propios gres de orden agrícola, paisajístico, cte., o conveniencia de limitar la dinámica urbana, xcluye todo posible uso de esta clase.

principio según el cual el planeamiento no cede directamente el derecho a edificar tie reflejo, en materia de valoraciones del o, en la adopción del criterio según el cual alor que a éste se reconoce debe estar en Sión del grado de cumplimiento de las obli y cargas derivadas del Plan que se ob en cada caso. El valor se independiza en gran medida, de las puras calificacio y se hace depender fundamentalte del efectivo cumplimiento del Plan, del depende asimismo la adquisición del dere edificar.

s innovaciones en esta materia, que com una estrecha relación con la valoración

y una gran simplificación, se completan: :.levando a sus ultimas consecuencias el cipio de valoración objetiva que se quebra la Ley del Suelo con el reconocimiento nos valores "comerciales" y que ocasionaba s práctica diferencias desproporcionadas en ción con las circunstancias, a veces nimias, daban lugar a la aplicación de uno u otro b) Eliminando el valor expectante, apli

hasta ahora a la reserva "urbana", con Tendencia de la actividad de los interesa) c) Reconociendo a los arrendatarios e innos afectados por expropiaciones, en su ición de sujetos pasivos, generalmente más es, de las mismas, el derecho a ser indem conforme a la Ley de Expropiación For. 1954, 1848 y Apéndice 1951-66, 5724).

nto capital de la nueva ordenación es el ;e refiere a las cesiones gratuitas de suelo. aposición ,de éstas como contrapartida de

La nueva regulación extiende la obligación de ceder suelo gratuitamente a favor de la Administración competente, con carácter general, en condiciones que sólo puede moderar el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, para las infraestructuras y el equipo urbano.

El Proyecto da todavía un paso más: No sólo facilita la obtención gratuita de suelo no edificable o con usos no lucrativos, sino que impone la cesión gratuita a la Administración Competente de suelo privado edificable -un 10 por 100 del correspondiente al aprovechamiento medio en suelo programado y además el que resulte de la licitación en el no programado-. como un componente más de la justa compensación que se exige a los propietarios por los beneficios derivados del proceso urbano.

Con esta medida se pretende: a) Facilitar la gestión urbanística y la consiguiente preparación de suelo, ofreciendo a los órganos gestores la posibilidad de disponer gratuitamente de todo el suelo correspondiente a las infraestructuras y al equipo urbano, por el mecanismo de la compensación en suelo edificable a los propietarios afectados; b) Rescatar una parte de las plusvalías urbanísticas en forma de suelo edificable, que constituya además la base de los patrimonios municipales del suelo y facilite a su vez la financiación de las obras de infraestructura primaria y equipo urbano.

En la misma línea de facilitar la gestión urbanística, sin merma de los principios de justicia, se simplifica de modo sustancial el mecanismo reparcelatorio. La cuantía de las aportaciones se hace depender como norma general de la superficie y el proceso se despoja de trámites y requisitos innecesarios.

VI. Todos los avances en punto a incorporación de técnicas de planeamiento más adaptadas a las necesidades presentes y todos los progresos en orden a perfeccionar con criterios de justicia el régimen jurídico del suelo podrían devenir inútiles si los planes y los afectados por ellos no encuentran en la vía de las normas que regulan su ejecución un cauce ágil y fluido capaz a un tiempo de facilitar a los planes su transformación en realidad urbana y de dar a los afectados un marco razonable para el ejercicio de sus derechos y el correlativo cumplimiento de sus obligaciones.

Los sistemas generales -redes arteriales, grandes abastecimientos, etc. son ejecutados normalmente por la Administración. Del suelo correspondiente se dispondrá en unos casos por el mecanismo de las cesiones, compensadas por la adjudicación del aprovechamiento medio en otro lugar: en otros, por el mismo mecanismo de las cesiones resultantes de operaciones de urbanismo concertado, que pueden dar lugar además, en ocasiones, a que los propios promo

t res ejecuten a su costa una parte sustancial

o de esos sistemas generales. La expropiación será el modo normal de obtener el suelo en los demás supuestos, y la financiación pública, el medio ordinario de costear los sistemas generales. Esa financiación se facilita no obstante en el Proyecto con la dotación en especie de los patrimonios públicos del suelo.

La ejecución de las demás previsiones del Plan tiene lugar normalmente por medio de Planes parciales y polígonos de actuación.

El concepto de "polígono". de la máxima importancia a estos efectos, resulta, sin embargo, definido en términos imprecisos en la Ley del

Suelo (citada). En adelante se configura como "unidad de actuación" sumamente flexible dentro del planeamiento. Su determinación concreta se encomienda a los planes o. en su defecto, a los órganos urbanísticos correspondientes, con el solo requisito de que cuenten con una extensión que justifique su autonomia y sean capaces de asumir las cesiones derivadas de los Planes.

A partir de esa determinación ha sido necesario también introducir importantes innovación

previstas para ejecutar el Plan en cada poli

gono.

La experiencia ha puesto de relieve que las alternativas reales que se pueden regular son las siguientes: a) Expropiación de los terrenos y urbanización por el órgano gestor con cargo a fondos públicos, siquiera éstos se obtengan en algunos casos mediante contribuciones especiales, y b) Mantenimiento de los propietarios genéricamente considerados en la propiedad del Suelo, pero sobre la base de que procedan a un reparto equitativo del volumen edificable, cedan gratuitamente el suelo destinado a viales, parques y jardines, templos, centros docentes y culturales y demás servicios de interés general y costeen las obras de urbanización correspondientes.

La reforma, en este como en otros campos, hace un esfuerzo de clarificación y simplificación y regula estas dos hipótesis básicas bajo los nombres de sistemas de expropiación, cooperación y compensación.

Los retoques del sistema de expropiación son fundamentalmente de orden técnico: tienden sobre todo a corregir deficiencias de esa naturaleza advertidas en la práctica. Mediante modificaciones, tanto de la legislación expropiatoria general como de la hipotecaria, se instrumentan mecanismos que facilitan el acceso al Registro de la Propiedad de los bienes objeto de estas actuaciones, sin merma para las garantías de los propietarios y demás titulares de derechos reales en cuanto al contenido económico de sus derechos y se consagran las necesi cautelas para hacer compatible la seguridad del proceso de urbanización y el respeto de los intereses privados.

La regulación de los sistemas de cooperación y de compensación distingue claramente las dos operaciones fundamentales: La distribución del suelo y volumen edificable entre los afectados y la ejecución de las obras de urbanización. La distribución del volumen cuando es impuesta viene facilitada grandemente, en relación con los criterios hasta ahora imperantes, como antes ya se ha recogido, en la medida en que la cuota correspondiente a cada propietario, salvo circunstancias excepcionales, se hace depender exclusivamente de la superficie de la que cada uno es titular en el momento inmediatamente anterior a la reparcelación.

Las actuaciones en suelo urbanizable no programado han sido objeto "ex novo" de una regulación especial acorde con su naturaleza.

No se trata en este supuesto de una ejecución inmediata de todas las determinaciones de un plan, que no existen más que en sus condicionantes mínimos, sino de articular los mecanismos mediante los cuales se pueda actualizar, a iniciativa de la Administración o de los administrados, el potencial destino urbano que como mera posibilidad se prevé en el plan para ese suelo.

En la medida en que la transformación en urbano de ese suelo no se puede operar ni simultáneamente, ni con arreglo a un programa de actuación que por hipótesis tampoco existe, es necesario establecer con claridad los principios a que se debe ajustar la actuación administrativa para promover o simplemente dirigir ese proceso en el que la acción de los agentes privados está llamada a jugar un papel tan destacado.

E1 proyecto se inspira en el respeto al principio de igualdad ante la Ley a partir de las mínimas exigencias de orden técnico y económico. Cualquier iniciativa de los propietarios interesados que se produzca en el marco de los límites legales se somete por ello normalmente al contraste con otras análogas que puedan presentarse por otros propietarios. Se garantiza así. a un tiempo, la identidad de oportunidades entre los administrados, la mayor ventaja para la Administración como resultado de la concurrencia y la deseable objetividad en la selección de las ofertas más convenientes al interés general. El Proyecto no descuida tampoco la in

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pueden t.

peculiaridades precisas. La implantación en esta clase de suelo de aquellas actividades productivas, que por su importancia y características singulares no puede someterse al sistema normal de la previa licitación, se rodea, en defensa del interés público, de las máximas garantías.

Naturalmente, un proceso de estas características no puede confiarse en su integridad a los estímulos propios de las fuerzas del mercado, y por ello se cuenta con una acción inductora de la Administración, que en su punto de partida puede consistir simplemente en una llamada a la actividad de los propietarios privados para completar o dirigir el desarrollo espontáneo, pero que puede terminar, en defecto de una respuesta satisfactoria, en la asunción por la Administración de acciones supletorias o puntuales que, previa expropiación de los terrenos, ejecuten los entes públicos directamente o por medio de concesionarios.

VII. Las modificaciones de la legislación vigente que en materia de edificación forzosa se recogen en el Anteproyecto tienden a corregir las deficiencias advertidas en su momento.

Se protege, también estos casos, a los inquilinos, encomendando a los Jurados Provinciales de Expropiación la aplicación en su favor de principios en virtud de los cuales la indemnización que perciban tenga verdadera equivalencia con los perjuicios económicos que les ocasiona el abandono forzoso de su vivienda.

Para aminorar en lo posible la densificación de los cascos urbanos o por razones de evidente interés social, y sin perjuicio de la posible revisión de los Planes, se pone a disposición de los órganos competentes la posibilidad de suspender. por plazo limitado o indefinidamente, el régimen de edificación. forzosa en todo o parte de los términos municipales cuando las altas densidades de edificación u otras circunstancias de carácter urbanístico o social así lo aconsejen.

VIII. El derecho de superficie como fórmula de disociación de la propiedad y uso del suelo es una figura que está mereciendo creciente atención en todos los países como instrumento de política del suelo. A cambio de una limitación temporal en el uso de los terrenos se obtienen éstos a un menor coste, con lo que se reduce el volumen inicial de recursos necesarios en el sector inmobiliario o en otras actividades productivas para atender a las necesidades de la demanda. Representa también un estímulo para la movilización del suelo por los propietarios privados, que pueden así poner en el mercado estos bienes a disposición de los promotores sin renunciar a su recuperación futura con la revalorización correspondiente. La promoción industrial y el fomento de las viviendas en alquiler pueden encontrar en el derecho de superficie un complemento de gran interés.

Desde la perspectiva de los patrimonios públicos de suelo. el derecho de superficie puede y debe ser un instrumento mediante el que. cada vez más, se procure que el derecho de propiedad sobre el suelo urbano, una vez que entre en la esfera patrimonial de la Administración, no salga de la titularidad pública: el incremento no sólo en el espacio, sino en el tiempo, de los patrimonios públicos de suelo, debe seguir siendo pieza clave de la política urbanística.

Las novedades más importantes en esta materia consisten en la ampliación del objeto, de la finalidad, del plazo y de las modalidades de contraprestación. Con esas innovaciones y con e: otorgamiento de determinados beneficios se aspira a crear los presupuestos económicos y jurídicos indispensables para que esta figura deje de ser una pura posibilidad legal y adquiera carta de naturaleza en la realidad urbanística española.

I1. En orden a asegurar una mayor participación de las administraciones y órganos efectivamente interesado en las decisiones urbanísticas y una mayor efectividad frente a la pro administración de las determinaciones de

 

ordenación más racional y humana del itorio y de los asentamientos de población a mejor conservación del patrimonio na y cultural de España, al comenzar una durante la que. en sólo treinta años, baque "urbanizar" más que en toda la Histo urgencia que este desafío entraña ex

y justifica que, sin merma de aquellas exativas y derechos que se estiman justa y aderamente adquiridos, sin soluciones de inuidad en el proceso de preparación de urbanizado que en modo alguno se pue y sin precipitaciones perturba en punto a revisión y adaptación de los ¡es a las previsiones de la Ley, se procure la idiota entrada en vigor de las nuevas nor sobre todo, de aquellas más directate encaminadas al rescate de plusvalías, a itar la ejecución de los Planes y a crear iciones de vida cualitativamente mejores.

su virtud, y de conformidad con la Ley bada por las Cortes Españolas, vengo en ionar:

tículo 1 o Las denominaciones de los Títu y Secciones de la Ley de Régimen Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo 956 (citada) y los artículos de la misma que ntinuación se indican, quedarán modificaderogados o adicionados en los términos yentes

ulo I. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

DEL TERRITORIO

Sección 1.-Planes territoriales. deroga este epígrafe.

. 60 1. FA, planeamiento urbanístico del torio nacional se desarrollará a través de plan Nacional de Ordenación y de Planes tores Territoriales de Coordinación, Planes orales Municipales y Normas Complementay Subsidiarias del Planeamiento.

Los Planes Directores Territoriales de co podrán tener ámbito supraprovincial o comarcal.

s Planes Generales Municipales se desarro según los casos, en Planes Parciales, :s Especiales, Programas d: Actuación ur y Estudios de Detalle.

. 7.0 1. Corresponde al Plan Nacional de nación la determinación de las grandes diices de ordenación del territorio, en coor con la planificación económica y sopara el mayor bienestar de la población.

La redacción del Plan Nacional de Orde se efectuará por los Organismos públi y Entidades locales que se esta" por Decreto. a propuesta de la Presiden Gobierno y a iniciativa del Ministerio Vivienda. En todo caso será preceptiva la cipación de la Organización Sindical.

La aprobación del Plan Nacional de or corresponde a las Cortes. La actuali del Plan y su concordancia con los su Planes de Desarrollo Económico y Sopodrá llevarse a cabo por el Gobierno en rma que dispongan las respectivas Leyes os aprueben.

. 8.0 1. Los Planes Directores Territoria Coordinación establecerán, de conformi los principios del Plan Nacional de nación y de la Planificación Económica y 1, y las exigencias del desarrollo regional, irectrices para la ordenación del territorio, ¡reo físico en que han de desarrollarse las ;iones del Plan y el modelo territorial en ion de coordinarse los Planes y Normas a afecte.

hayan de establecer limitaciones por exigencias de la defensa nacional, teniendo en cuenta la legislación específica en la materia o por otras razones de interés público.

c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los demás recursos naturales y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio histórico-artístico.

d) El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas.

3. Los Planes Directores Territoriales de Coordinación comprenderán los estudios que justifiquen la elección del modelo territorial, los planos, normas y programas que requiera su realización y las bases técnicas y económicas para el desarrollo y ejecución del propio Plan.

Art. 8.° bis. 1. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Vivienda, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, acordar la formación de Planes Directores Territoriales de Coordinación, determinar los Organismos o Entidades que hayan de proceder a su redacción e intervenir en su elaboración y señalar su ámbito territorial y plazo en el que han de quedar redactados.

La propuesta del Ministerio de la Vivienda se efectuará por propia iniciativa o de otro Departamento ministerial, o a instancias de una Entidad Local o de una Entidad Urbanística Especial competente.

Las Diputaciones 'Provinciales y Cabildos Insulares podrán redactar, por propia iniciativa o a petición de los Ayuntamientos respectivos, Planes Directores Territoriales de Coordinación, cuando el ámbito territorial de los mismos afecte a la totalidad o parte del respectivo territorio provincial y sin perjuicio de su posterior tramitación con arreglo a los párrafos siguientes de este artículo.

En cualquier caso, en la elaboración de los Planes habrán de intervenir los Ministerios de la Vivienda y de Planificación del Desarrollo, las Corporaciones y Entidades Locales o Entidades Urbanísticas Especiales competentes afectadas que lo soliciten, y la Organización Sindical,

2. Una vez redactado el Plan, el Ministerio de la Vivienda lo someterá al trámite de información pública e informe de las Corporaciones Locales, previsto en el articulo 32 de esta Ley, así como a informe de los Departamentos ministeriales que no hayan intervenido en su elaboración y a los que pueda interesar por razón de su competencia. Estos últimos se entenderán favorables si no se emiten en el plazo de dos meses.

La aprobación de los Planes Directores Territoriales de Coordinación corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del de la Vivienda, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo.

3. Las determinaciones de los, Planes Directores Territoriales, reguladas en el número 2 del articulo anterior, vincularán a la Administración y a los particulares. Las acciones en él previstas se llevarán a cabo por cada uno de los Departamentos ministeriales afectados en las materias de sus respectivas competencias con arreglo a las prescripciones establecidas en el Decreto de su aprobación.

4. Las Corporaciones Locales, cuyo territorio este afectado, total o parcialmente, por un Plan Director Territorial de Coordinación, sin perjuicio de la inmediata entrada en vigor de éste, deberán promover en el plazo máximo de un año la correspondiente acomodación ;, sus

Art. 9.° 1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación abarcarán uno o varios términos municipales completos y clasificarán el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definirán los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio y establecerán el programa para su desarrollo y ejecución, y el plazo mínimo de su vigencia.

2. Cuando existan Planes .Directores Territoriales de Coordinación los Planes Generales Municipales deberán redactarse teniendo en cuenta las determinaciones y directrices establecidas en aquéllos de forma coordinada con las previsiones de la planificación económica y social.

Art. 9.° bis. 1. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto específico, en el suelo urbano, completar su ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación, señalar la renovación o reforma interior que resultare procedente, definir aquellas partes de la estructura general del Plan correspondiente a esta clase de terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución.

2. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto específico definir en el suelo urbanizable los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio; establecer, según sus categorías, una regulación genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar los programas de desarrollo a corto y medio plazo, referidos a -un conjunto de actuaciones públicas y privadas.

Asimismo regularán la forma y condiciones con que podrán incorporarse al desarrollo urbano actuaciones no programadas mediante los correspondientes programas de actuación urbanística para la realización de unidades urbanísticas integradas.

3. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto específico en el suelo no urbanizable preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del paisaje.

4. La aprobación inicial y provisional de los Planes Generales Municipales compete al Ayuntamiento, cuando se refieran a un único Municipio, y a la Diputación Provincial correspondiente, cuando se trate de Planes que se extiendan a más de un término municipal, con arreglo al procedimiento establecido en el número 1 del articulo 32 de esta Ley.

La aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de capitales de provincia y de poblaciones de más de 50.000 habitantes corresponde al Ministro de la Vivienda, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo y de la Diputación y de la Comisión Provincial de Urbanismo correspondientes, informes que se entenderán favorables si no se emiten en el plazo de un mes. Los demás Planes Generales Municipales serán aprobados por la Comisión Provincial de Urbanismo. Todo ello con arreglo a los plazos y procedimiento establecidos en los números 2 y 3 del artículo 32.

Art. 9.0 ter. 1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes determinaciones de carácter general:

") Clasificación de suelo con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo adoptadas.

b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, los sis

temas generales de comunicación y sus zonas de protección, los espacios libres destinados a parques publicos y nonas verdes en proporción

dinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo con los Planes y Programas de los distintos Departamentos ministeriales.

d) Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto. e) Señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente, en su momento, la revisión del Plan, en función de la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada.

2. Además de las determinaciones de carácter general los Planes generales deberán contener las siguientes:

2.1. En el suelo urbano: a) Delimitación de su perímetro. con señalamiento, en su caso, del ámbito de las operaciones de reforma interior que se estimen necesarias.

b) Asignación de usos pormenorizados correspondientes a las diferentes zonas.

c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos y zonas deportivas de recreo y expansión.

ch) Emplazamientos reservados para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás servicios de interés público y social.

d) Trazado y características de las red viaria y previsión de aparcamientos con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad o parte de este suelo.

e) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones hígiénico sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación. de la edificación y de su entorno.

f) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso. prevea el Plan.

g) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

En estas determinaciones se expresarán las que conserven, modifiquen y perfeccionen la ordenación existente. Las dotaciones de los apartados c) y ch) se establecerán en función de las características socio-económicas de la

fblación y de acuerdo, en todo caso. con la Iegislación específica sobre la materia.

2.2. En suelo urbanizable programado:

a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del territorio, con la precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales.

b) Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y en su caso, por sectores en

función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales. parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizando según sus valores relativos.

c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico y demás servicios que, en su caso, prevea el Plan.

d) División del territorio en sectores para el desarrollo en Planes Parciales.

E1 contenido del Plan General incorporará a esta categoría de suelo las determinaciones de Plan General contenida, en su caso, en los Planes parciales que respect,

 

el suelo urbanizable no programado: lamiento de usos incompatibles con tos en las distintas clases de suelo estructura general.

blecimiento de las características téc las magnitudes mínimas que han las actuaciones en esta categoría de función de los distintos usos, y las

servicios y equipamientos que les lan.

el suelo no urbanizable el Plan ge las medidas y condiciones que isas para la conservación y protec.odos y cada uno de sus elementos bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, evitar su degradación y de las edifi parajes que por sus características lo aconsejen, con el ámbito de apli

en cada caso sea necesario.

determinaciones a que se hace referente artículo se desarrollarán en los documentos, cuyo contenido y nor reglamentariamente.

oria y estudios complementarios.

os de información y de ordenación 3 del territorio.

normas urbanísticas. rama de actuación, ¡lo económico y financiero.

1. Los Planes Parciales de Ordenan por objeto el desarrollo, mediante ción detallada de una parte de su rritorial, del Plan General y, en su as Normas ,Complementarias y Subsi. Planeamiento en el suelo clasificado urbanizable programado y de los progra Urbanística, en el suelo clamo urbanizable no programado.

rán redactarse Planes Parciales sin oral previo o Normas Complementaaneamiento que, en ningún caso, po las determinaciones ele aquéllos.

Planes Parciales de Ordenación conatas determinaciones:

nación de usos pormenorizados y de

de las zonas en que se divide el

planeado por razón de aquéllos y, en

i división en polígonos o unidades de

lamiento de reservas de terrenos pa; y jardines públicos, zonas deporti y de recreo y expansión, en pro a las necesidades colectivas. cíe destinada a dichas reservas será imo de 18 metros cuadrados por vi cada 100 metros cuadrados de edi!sidencial si no se hubiera fijado ex

• el número de viviendas que se pu Esta reserva no podrá ser in0 por 100 de la total superficie orde que sea el uso a que se des y la edificación, y habrá de e con independencia de las superfijadas en el Plan General a espacios zonas verdes para parques urbanos pú

ión de reservas de terrenos para Murales y docentes públicos y privaproporción mínima de 10 metros cuar vivienda o por cada 100 metros de edificación residencial si no se terminado expresamente el número las que se pudieran construir, agruin los módulos necesarios para fordes escolares completas,

lazamientos reservados para templos, istenciales y sanitarios y demás ser*nterés público y social.

ido y características de la red de coles propias del sector y de su enlace :ema general de comunicaciones pre

•1 Plan General de Ordenación, con to de alineaciones, rasantes y zonas

",., .,o ,"A., 1 ., red viaria ,., ., .... o, ,

una plaza por cada 100 metros cuadrados de edificación.

f) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan.

g) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

h) Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de la edificación.

3, Los Planes Parciales comprenderán los planos de información, incluido el catastral, y los estudios justificativos de sus determinaciones, así como los planos de proyecto, determinación de los servicios y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución y, en su caso, los que se fijen reglamentariamente.

Los niveles correspondientes a las reservas de suelo establecidas en el apartado d); las relaciones entre éstas y las correspondientes a los apartados b) y c), y la graduación de ambas, en las distintas unidades de población, se fijarán reglamentariamente.

Art. 10 bis. 1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso para completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y en los Planes Parciales,

2. En ellos podrán preverse o reajustarse:

a) El señalamiento de alineaciones resantes.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan.

3. Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones fundamentales del Plan, sin alterar el aprovechamiento que corresponde a los terrenos comprendidos en el Estudio.

En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

4. También podrán fomularse Estudios de Detalle cuando fueren precisos para completar el señalamiento de alineaciones y rasantes, respec

to a las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.

5. Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos justificativos de los extremos señalados en el párrafo 2

Su tramitación se ajustará a lo establecido en el artículo 32 y su aprobación corresponderá a las Corporaciones Municipales competentes, que darán cuenta de la misma a la Comisión Provincial de Urbanismo.

Art. 11. 1. Los Proyectos de Ubanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica los Planes Generales Municipales en el suelo urbano, los Planes Parciales y, en su caso, las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento. a cuyo efecto no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen de suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del proyecto.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollan sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las,obras.

3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán una Memoria descriptiva de las características de las obras. plano de situación en relación con el conjunto urbano y planos de proyecto y de detalle, mediciones cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y servicios.

Art. 12. 1. La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado se efectuará., de conformidad con el

realización de Unidades Urbanísticas Integradas.

2. Los Programas de Actuación Urbanística contendrán las siguientes determinaciones:

a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio.

b) Señalamiento de usos y niveles de intensidad, con expresión del aprovechamiento medio en todo su ámbito.

c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de aguas, alcantarillado, teléfonos, energía eléctrica, comunicaciones y demás servicios que se prevean.

d) División del territorio para el desarrollo en etapas.

Estas determinaciones se completarán para cada etapa con los correspondientes Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización. En las promociones privadas se incluirán además los programas de edificación.

3. Los Programas de Actuación Urbanística comprenderán los estudios y planos de información justificativos de sus determinaciones, incluidos el análisis de su relación con las previsiones del Plan General Municipal y los documentos y planos de ordenación y de proyecto necesarios para su ejecución.

4. Los Programas de Actuación Urbanística y sus determinaciones complementarias para cada etapa se tramitarán y aprobarán con sujeción a las normas establecidas para los Planes Parciales.

Sección 2.'-Planes Especiales. Se deroga este epígrafe.

Art. 13. 1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales Municipales, en los Planes Directores Territoriales de Coordinación o Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento deberán redactarse, si fuere necesario, Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunicación, conservación del medio rural, en determinados lugares, reforma interior, saneamiento de poblaciones y cualesquiera otras finalidades análogas, sin que en ningún caso puedan sustituir a los Planes Generales Municipales como instrumentos de ordenación integral del territorio.

2. También podrán redactarse Planes Especiales para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano previstos en el número 2, párrafo d), del artículo 8.", y en el número 1, párrafo b), del artículo 9" ter.

3. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo del Plan Director Territorial de Coordinación o del Plan de Ordenación correspondiente, y, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas correspondientes.

4. Los Planes Especiales se tramitarán con arreglo al procedimiento del artículo 32 de esta Ley. Cuando lo sean a iniciativa de Entidades Locales o Urbanísticas Especiales, su aprobación definitiva, previo informe de los Departamentos ministeriales y demás Organismos afectados corresponderá:

a) Si desarrollan un Plan General de Ordenación, a los órganos competentes para aprobar los Planes Parciales.

b) En los demás casos, el Ministro de la Vivienda.

Art. 18 bis. 1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la realización en suelo urbano, por las Entidades Locales competentes, de operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas

circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos.

2. Los Planes Especiales de reforma interior contendrán las determinaciones y documentos adecuados a los objetivos perseguidos por los mismos, y como mínimo los que prevé el artículo 10, salvo que alguno de ellos fuere innecesario por no guardar relación con la reforma.

3. Cuando se trate de operaciones de reforma interior no previstas en el Plan General, el Plan Especial no modificará la estructura fundamental de aquél, a cuyo efecto se acompañará además un estudio que justifique su necesidad o conveniencia, su coherencia con el Plan General y la incidencia sobre el mismo.

Art. 22. 1. Los órganos competentes para la aprobación provisional de los Planes Generales Municipales, Parciales, Especiales o Estudios de Detalle, podrán acordar por el plazo máximo de un año la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y edificaciones en sectores comprendidos en una zona determinada con el fin de estudiar el Plan o su reforma. Dicho acuerdo habrá de publicarse en los "Boletines Oficiales" de la provincia o provincias afectadas y en uno de los diarios de mayor difusión de cada una de éllas.

2. El expresado plazo será ampliable, como máximo, a otro año cuando, dentro de aquél, se hubiere completado el período de información pública prevista en el artículo 32. No

será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurrieren cinco años, contados a partir del término de la suspensión.

El acuerdo de ampliación del plazo se publicará en la forma prevista en el apartado anterior.

3. La aprobación inicial de un Plan o Proyecto o de su reforma determinará por sí sola la suspensión del otorgamiento de licencia para aquellas zonas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico y vigente. Los efectos de esta suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años desde la aprobación inicial.

Con la publicación del acuerdo por el que se somete a información pública el Plan aprobado inicialmente se expresarán necesariamente las zonas del territorio objeto de planeamiento afectadas por la suspensión del otorgamiento de licencias.

4. Los peticionarios de licencia solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste oficial de los Proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas municipales.

Art, 37. 1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación se revisarán en el plazo que en los mismos se señale y, en todo caso, cuando se presenten las circunstancias que se establecen en el epígrafe e) del número 1 del artículo 9.° ter.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.°-bis. 4, cuando las circunstancias lo exigieren, el Ministro de la Vivienda, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, podrá ordenar la revisión de los Planes Generales de Ordenación, previa audiencia de las Entidades locales afectadas, o acordarla a instancia de las mismas o de las Entidades Urbanísticas Especiales o de los Departamentos ministeriales interesados.

3. El Consejo de Ministros, por Decreto, a propuesta del Ministro de la Vivienda o, en su caso, a propuesta de éste y del titular o titulares de otros Departamentos interesados, y previo informe de la Comisión Central de Urbanismo y audiencia de las Entidades locales interesadas, podrá suspender la vigencia de los Planes a que se refiere esta Ley, en la forma, plazos y efectos señalados en el artículo

---- ordenacion solamente

podrán que dar en suspenso en la forma en

que se disponga en su propia Ley o en las aprobatorias de los Planes de Desarrollo.

Art. 38. Los Ayuntamientos revisarán cada cuatro años el programa de actuación contenido en el Plan General.

Si como consecuencia de esta revisión se modificarse el suelo calificado como urbanizable programado, la revisión del programa se completará con las determinaciones y documentos exigidos por el citado suelo y se sujetará a las disposiciones enunciadas para la formación de los Planes, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.

Art. 45. 1. Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en la presente Ley y en los Planes, Proyectos. Normas y Ordenanzas aprobados con arreglo a la misma.

2. La aprobación de los Planes no limitará las facultades que correspondan a los distintos Departamentos ministeriales para el ejercicio, de acuerdo con las previsiones del Plan, de sus competencias, según la legislación aplicable por razón de la materia.

Los Planes Sectoriales que estén en desacuerdo con un Plan Director Territorial de Coordinación deberán adaptarse a las directrices contenidas en este último en el plazo señalado en el número 4 del artículo 8.°-bis.

3. Serán nulas de pleno derechos las reservas de dispensación que se contuvieren en los Planes u Ordenanzas. así como las que con independencia de ellos se concedieren.

,Art. 46. Se deroga.

Art. 47 bis. La clasificación del suelo y las limitaciones de toda clase en el uso y aprovechamiento resultante, impuestas por los Planes. Proyectos, Normas, Ordenanzas y Catálogos para la protección del paisaje urbano y rural, se tendrán en cuenta para valorar dicho suelo a efectos de toda clase de tributos.

Art. 56. 1. Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio. que podrá llevar a cabo por ministerio de la Ley, sin transcurrieren otros dos años desde el momento de efectuar la advertencia.

A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurrieren tres meses sin que la Administración la acepte. podrá aquél dirigirse al Jurado Provincial de Expropiación. que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa (citada).

2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los intereses de demora se devengarán desde la presentacion por el propietario de la correspondiente tasación.

Art. 57. 1. El Ministerio de la Vivienda Podrá dictar normas complementarias y subsidiarias de planeamiento.

2. Las Entidades locales, las Comisiones Provinciales de Urbanismo y demás Organismos competentes pasa formular Planes Generales Municipales podrán redactar o proponer normas

1622

3. En uno y otro caso se tramitarán con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 32, salvo que por razones de urgencia, apreciadas por el Consejo de Ministros y previo informe favorable de la Comisión Central de Urbanismo y oídas las Entidades locales afectadas, el Ministerio de la Vivienda acuerde su entrada en vigor sin necesidad de esa tramitación.

4. Dichas normas se desarrollarán, en todo caso, dentro de los límites señalados por esta Ley para los Planes de Ordenación, y contendrán, en su caso, los supuestos en cuya virtud sea procedente su revisión o sustitución por un Plan.

Art. 58. 1. En los Municipios o parte de ellos donde no existiere Plan de Ordenación regirán las normas promulgadas con arreglo al artículo anterior.

2. Las propias normas se aplicarán para regular aspectos no previstos en el Plan de Ordenación.

3. Las normas subsidiarias y complementarias del planeamiento contendrán las siguientes determinaciones: a) Fines y objetivos de su promulgación.

b) Delimitación de los territorios y núcleos urbanos que constituyan el ámbito de su aplicación.

c) Relaciones e incidencias con el planeamiento que complemente, en su caso.

d) Normas urbanísticas mínimas de la ordenación que establezcan.

el Previsiones mínimas para edificios y servicios públicos y para fines de interés general o comunitario.

4. Para la urbanización y edificación al amparo de normas complementarias y subsidiarias, éstas deberán prever, además de las determinaciones señaladas en el apartado anterior, los siguientes extremos:

a) Proyección, dimensiones y características del desarrollo previsible.

b) Esquema indicativo de infraestructuras y servicios urbanos.

c) Señalamiento de las zonas en que puede urbanizarse con arreglo a las prescripciones contenidas en las propias normas.

E1 desarrollo de estas determinaciones se llevará a cabo a través de los correspondientes Planes Parciales.

5. Las normas se compondrán de los documentos necesarios para justificar las determinaciones y extremos que comprendan y la función para la que se dicten, y deberán redactarse con el grado de precisión adecuado a la clase de Plan al que suplan o complementen, y de conformidad con los correspondientes preceptos de esta Ley.

Art. E0. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto:

a) Las construcciones en lugares, inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico. histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

o) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.

demás limitaciones que sean aplicables.

Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificadas en más de sus dos terceras partes los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la medida de los edificios ya construidos.

En suelo no urbanizable se estará a lo dispuesto en el artículo 69, 1.

Art. 60 ter. En los Planes Parciales se deberá fijar una densidad que no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea. en función de los tipos de población, usos pormenorizados y demás características que se determinen reglamentariamente.

En casos excepcionales, el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión Central de Urbanismo, podrá autorizar densidades de hasta 100 viviendas por hectárea, cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad lo exijan.

Art. 62. E1 territorio de los Municipios en que existiere Plan General Municipal se clasificará en todos o algunos de los siguientes tipos: Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

Art. 83. Constituirán el suelo urbano:

a) Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua. evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.

b) Los que, en ejecución del Plan, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 64. 1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los que el Plan General Municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados.

2. Dentro del suelo urbanizable el Plan establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:

a) Suelo programado, constituido por aquel que deba ser urbanizado según el programa del propio Plan.

b) Suelo no programado, integrado por el que pueda ser objeto de urbanización mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística. Art. 65. Constituirán el suelo no urbanizable:

a) Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se refieren los artículos anteriores.

b) Los espacios que el Plan determine para otorgarle una especial protección, a :os efectos de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

Art. 66. 1. En los Municipios que carecieren de Plan General Municipal, el territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable.

2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que, por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en la mitad de su superficie, se incluyan en un proyecto de delimitación, que. tramitado por el Ayuntamiento, con arreglo al artículo 32, será aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, previo informe de la Diputación Provincial.

3. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios del término municipal.

Art. 66 bis. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de solares las superficies

el plan s este no existiere -o- no las concre se precisará que,

además de contar con

los servicios señalados en los artículos 63 0

66, 2, la vía a que la parcela dé frente tenga pa

vimentada la calzada y encintado de aceras.

2.° Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera Plan de Ordenación.

Art. 67. 1. El suelo urbano, además de las limitaciones específicas que le imponga el planeamiento, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela mereciere la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante las garantías que reglamentariamente se determinen.

2. Sin embargo, podrán autorizarse construcciones destinadas a fines industriales en las zonas permitidas cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaren suficientemente atendidas y el propietario asumiera las obligaciones establecidas en el párrafo L° del apartado siguiente, mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. Los propietarios del suelo urbano deberán: 1.° Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, parque s, jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polígono o unidad de actuación correspondiente.

2" Costear la urbanización.

3.° Edificar los solares cuando el Plan así lo estableciera, dentro del plazo que éste señale,

El reparto equitativo de las cargas que se deriven de la aplicación de este articulo se efectuará a través de las reparcelaciones que procedan, conforme a lo establecido en los artículos 80, 2 y 104, 3.

Art. 68. 1. El suelo urbanizable programado estará sujeto a la limitación de no poder set urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entre tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones, salvo la; que se hayan de ejecutar mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere e. artículo 13. 2, y las de carácter provisional pre. vistas en el artículo 47, 2, ni podrán destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos distin. tos de los que señale el Plan General.

2. A los efectos de la gestión urbanística, s< determinará

a) El aprovechamiento medio de la totalidad

del suelo urbanizable programado y el de cada sector en que se divida el mismo.

b) El aprovechamiento de cada finca, refi.

riendo a su superficie el aprovechamiento medir del sector en que se encuentre enclavada, sir que tengan relevancia al respecto su calificación concreta en el Plan.

Cuando el aprovechamiento medio de un reo

tor exceda al de la totalidad del suelo urbani zable programado, el exceso será de cesión obligatoria y gratuita, a los fines de compensa ción previstos en el número 4 de este articule El sobrante, si lo hubiere, se incorporará al Pa trimonio Municipal de Suelo.

Si el aprovechamiento medio de un recto

fuese inferior al de la totalidad de suelo urba nizable programado, se disminuirán proporción nalmente las cargas que implique la gestión urbanística, sufragando el resto el Ayunta miento u órgano urbanístico actuante.

3. Los propietarios de suelo urbanizable pro

graznado deberán:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a fa

vor del Ayuntamiento o, en su caso, órgano urbanístico actuante los terrenos que se desti nen con carácter permanente a los fines esta Mecidos en los apartados b) y c) del artícul 10. 2, y demás servicios públicos necesarios.

162

 

 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el 1 por 100 restante del aprovechamiento mar; del sector en que se encuentre la finca.

c) Costear la urbanización.

d) Edificar los solares cuando el Plan así lo establezca y en el plazo que el mismo señale.

Los terrenos que, en virtud de este artículo, se incorporen al Patrimonio Municipal del Suelo se destinarán preferentemente a los fines previstos en los artículos 152 y 153 de esta Ley.

4. Cuando el aprovechamiento real de una finca, según la calificación establecida por el Plan General, no alcance el 90 por 100 del aprovechamiento que le corresponda, deberá compensarse, por adjudicación de terrenos edificables en áreas de situación y condiciones similares. Si este defecto fuere inferior a un 15 por 100 del correspondiente a la finca, la adjudicación podrá restituirse a criterio de la Administración competente, por una indemnización en metálico.

Art. 69. 1. En tanto no se aprueben Programas de Actuación Urbanística, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado estarán sujetos a las siguientes limitaciones, además de las que resulten aplicables en virtud de otras Leyes:

1.1 Deberán respetarse las incompatibilidades de usos señaladas en el Plan General.

2.° No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o normas del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas á la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 34, edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población.

3.° Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que el Plan establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.

4.1 En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria.

2. Aprobado un Programa de Actuación Urbanística, se estará a lo dispuesto en los números 2, 3 y 4 del artículo anterior, sin perjuicio de las obligaciones, limitaciones y cargas adicionales que se señalen en el Programa y en el acuerdo de aprobación.

Art. 69 bis. 1. Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urbanizable en el Plan General Municipal, o por aplicación del artículo 66, estarán sujetos a las limitaciones que se establecen en el artículo anterior.

2. Los espacios que por sus características, según el Plan General. deban ser objeto de una especial protección a los efectos de esta Ley, no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera proteger.

Art. 70. 1. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones enunciados en los artículos precedentes no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización por implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equita

tiva de los beneficios y cargas del planteamiento en los términos previstos en la presente Ley.

2. La modificación o revisión de la ordenacion de los terrenos y construcciones establecida por _l os Planes Parciales, por los Planes

del

0 Urbanística, solo podrá dar lugar a indemni

n z si se produce antes de transcurrir los

plazos previstos para la ejecución de los respectivos Planes o Proyectos o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiese llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

3. Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no puedan ser objeto de distribución equitativa entre los interesados, conferirán derecho a indemnización.

Art. 77. 1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población en la forma

en que éste se defina reglamentariamente.

2. Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el Plan, Proyecto o norma urbanística que le sea de aplicación o que infrinja lo dispuesto en el artículo 79 de esta Ley.

Art. 80. 1. Se entenderá reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.

2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan.

Art. 81. 1. El expediente de reparcelación se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación del polígono o unidad de actuación, excepto en los casos siguientes:

a) Que la reparcelación se haya tramitado y aprobado conjuntamente con dicha aprobación.

b) Que se haya aprobado expresamente la actuación por el sistema de expropiación o sea innecesaria en virtud del acuerdo aprobatorio en el sistema de compensación.

2. La iniciación del expediente de reparcelación llevará consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del polígono o unidad de actuación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos en la forma que señala el número 4 del artículo 22.

La Entidad local podrá dejar sin efecto, previa la indemnización de daños y perjuicios que corresponda, las licencias concedidas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente que sean incompatibles con la ejecución del planeamiento.

3. E1 proyecto de reparcelación se formulará:

al Por los dos tercios de los propietarios interesados que representen, como mínimo, el 80 por 100 de la superficie reparcelable, dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación de un polígono o unidad de actuación.

b) Por la Entidad local o urbanística actuante, de oficio o a instancia de alguno de los propietarios afectados, cuando éstos no hubieran hecho uso de su derecho o no hubieran subsanado dentro del plazo que se les marcare los defectos que se hubieran apreciado en el proyecto que formularen.

Los proyectos redactados de oficio procurarán atenerse a los criterios expresamente manifestados por los interesados en los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación del polígono o unidad de actuación.

Los proyectos se someterán . o*., s., ..

información

de los interesados, y serán aprobados por el Ayuntamiento o, en su caso, el órgano urbanístico que se subrogue en las competencias municipales.

Art. 82. 1. En todo caso, el proyecto de Reparcelación tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) E1 derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de la aprobación de delimitación del polígono

b) Los solares resultantes se valorarán con criterios objetivos y generales para todo el polígono con arreglo a su uso y volumen edificable y en función de su situación, características, grado de urbanización y destino de las edificaciones.

c) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

d) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, lo solares resultantes, se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.

e) En todo caso, las diferencias de adjudicación serán objeto de compensación económica entre los interesados, valorándose el precio medio de los solares resultantes.

f) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su importe se satisfará al propietario interesado, con cargo al proyecto en concepto de gastos de urbanización.

2. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.

3. No será objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regulación de linderos cuando fuere necesaria y de las compensaciones económicas que procedan:

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.

b) Las fincas no edificadas con arreglo al planeamiento, cuando, la diferencia en más o en menos entre el aprovechamiento que les corresponda conforme al Plan y el que correspondería al propietario en proporción a su derecho en la reparcelación, sea inferior al 15 por 100 de este último.

4. En el suelo urbano, los derechos de los propietarios en la reparcelación se regularán por el valor de sus respectivas parcelas en la fecha de aprobación del Plan que motivare la reparcelación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 92.

Art. 83. 1. El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación producirá los siguientes efectos:

a) Cesión de derecho al Municipio en que se actúe en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria, para su incorporación al Patrimonio del Suelo o su afectación conforme los usos previstos en el Plan.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes -al sistema de actuación correspondiente.

2. E1 acuerdo aprobatorio de reparcelación será impugnable en vía administrativa. En vía contencioso- administrativa, solamente podrá im

para determinar la indemnización que, en su c: so, preceda.

Art. 84. 1. El Organismo que hubiese apro ado elProyecto de Reparcelación expedí: documento con las solemnidades y requisito dispuestos para las actas de sus acuerdos, e el que se relacionen las propiedades antiguas sus dueños, según los títulos aportados o, e defecto de éstos, por descripción de las fine: e indicación de sus propietarios, si resultare conocidos, y descripción de las nuevas para las con adjudicación de cada una al respectiv titular. Este documento administrativo se pro tocolorizará notarialmente, sin perjuicio de que también pueda otorgarse escritura pública, e los casos y forma que se señalen reglamentaria mente.

2. La situación física y jurídica de las fincas o derechos afectados por la reparcelación la de los resultantes de ellas se reflejará en Registro de la Propiedad, de acuerdo con dispuesto en la legislación hipotecaria en la forma que reglamentariamente se determine.

3. Si alguna carga resultare incompatible con la nueva situación o característica de finca, el Registrador se limitará a hacerlo con, tar en el correspondiente asiento, y las parte interesadas podrán acudir al Juzgado competes te para solicitar la declaración de compatib lidad e incompatibilidad de las cargas o gra vámenes sobre las fincas nuevas y, en este ú timo supuesto, su transformación en un di recho de crédito con garantía hipotecaria sobe la finca nueva en la cuantía en que la cara fuera justipreciada.

Art. 84 bis. 1. Las adjudicaciones de ti menos a que dé lugar la reparcelación cual do se efectúen en favor de los propietarios con prendidos en el correspondiente polígono o un dad de actuación y en proporción de sus re pectivos derechos, estarán exentas, con carácter permanente, del Impuesto General sobre Tran misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Doct mentados, y no tendrán la consideración c transmisiones de dominio a los efectos de ' exacción del arbitrio sobre el incremento d, valor de los terrenos. Cuando el valor de h solares adjudicados a un propietario exceda d• que proporcionalmente corresponda a los tern nos aportados por el mismo se girarán las liqu daciones procedentes en cuanto al exceso.

2. Se aplicarán supletoriamente a la repara lación las normas de la expropiación forzosa.

Art. 85. 1. Las valoraciones de terrenos efectuarán con arreglo a los criterios establo cidos en la presente Ley.

2. El procedimiento para determinar el v. lor de los terrenos será el señalado en la Le de Expropiación Forzosa (R. 1954. 1848 y Apét dice 1951-66. 5724), salvo lo dispuesto en el a: tículo 125 de esta Ley.

Art. 86. 1. El valor inicial de un predio unidad de cultivo, a efectos de esta Ley, determinará:

a) Por el rendimiento bruto que le corre; pondiera en la explotación rústica efectiva o c que fuere naturalmente susceptible.

b) Por su valor medio en venta a efectos c su explotación agrícola.

En ningún caso se podrán tomar en considi ración valores o rendimientos que tengan reh ción directa o indirecta con la posible utiliz: ción urbana de los terrenos.

2. En el rendimiento rústico se estimará comprendidos el agrícola, el forestal, el ganad: ro, el cinegético y cualquiera otro semejante

3. Entre los rendimientos de los que un func fuere naturalmente susceptible, podrán estima se los resultados de transformaciones que pu, dan operarse, con los medios normales, tan' mecánicos como técnicos o de capital, existente para el desarrollo de la explotación agraria conducentes al máximo aprovechamiento de fertilidad de la tierra, pero no los hipotética

 

:n las unidades de cultivo directamente .odas por los propietarios se establecerá, >s, el premio de afección que deba serles idos en el supuesto de expropiación for

cuando el valor inicial a que se llegue plicación de los criterios anteriores sea )r al que constara en valoraciones cales, índices municipales u otras estima

públicas aprobadas, prevalecerá la más e las que concurran sobre el terreno.

87. Se deroga.

88. 1. El valor urbanístico se determi función del aprovechamiento que co a los terrenos según su situación. -me al rendimiento que a dicho aprovecha) se atribuya a efectos fiscales al iniciarse >ediente de valoración.

el aprovechamiento que. en todo caso, 5 de base para la determinación del valor ístico, una vez deducidos los terrenos de

obligatoria que afecten a aquél, será el nte:

!1 suelo urbanizable no programado, el que de su uso e intensidad de ocupación, tud de lo dispuesto en el articulo 9 o, 3.

:l programado, el aprovechamiento medio ctor.

el urbano, el permitido por el Plan o, en '.o, el aprovechamiento medio fijado a los nos o unidades de actuaciones sujetos a elación, y en defecto del Plan, tres metros ,s/metro cuadrado, referidos a cualquier

.1 valor urbanístico que se determine en n de estos criterios podrá aumentarse o >uirse en un 15 por 100, como máximo, en eración del grado de urbanización y de particularidades específicas de los terrenos e se trate.

89. 1. Las plantaciones, obras, edifica

e instalaciones que existan en el suelo, tipreciarán con independencia del mismo e >entarán con su cuantía el valor total del ble, salvo que por su carácter de mejoras nentes, hayan sido tenidas en cuenta en erminación del valor inicial o del urba

con arreglo al artículo 88,

.as indemnizaciones a favor de los arrenns rústicos y urbanos se fijarán de acuer lo previsto en la Ley de Expropiación a (citada).

90. Se tasarán con arreglo al valor ini terrenos clasificados como suelo no .zable.

91. Se deroga.

92. Se tasarán con arreglo al valor urico los terrenos clasificados como suelo

o urbanizables en todas sus categorías.

tasaciones tendrán como límite el valor que prevalecerá sobre el urbanístico

fuese éste inferior.

. 93, 95, 97. Se derogan.

99. 1. Las valoraciones tendrán vigen diez años.

'uando circunstancias reales y ajenas a laciones originaren notorias variaciones mercado de terrenos o en la situación nica general, se revisarán los justiprecios, cío o a petición de cualquier propietario 3o.

ervirá de base para la revisión, sin perde otros factores, el índice general pon

de precios al por mayor publicado por instituto Nacional de Estadistica.

101. Se deroga.

.O EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN.

Art. 102. 1. La ejecución de los Planes de Ordenación corresponde al Estado, a las Entidades Locales y a las Entidades Urbanísticas Especiales, en sus respectivas esferas de actuación, sin perjuicio de la participación de los particulares en dicha ejecución, en los términos establecidos en el presente título.

2. La ejecución de los Planes mediante el sistema de expropiación puede ser objeto de concesión administrativa, que se otorgará mediante concurso, en cuyas bases se fijarán los derechos y obligaciones del concesionario.

3. El Estado y las Entidades Locales podrán constituir Sociedades Anónimas o Empresas de Economía Mixta, con arreglo a la legislación aplicable en cada caso, para la ejecución de los Planes de Ordenación.

Art. 103. 1. Las actuaciones en suelo urbanizable programado requieren la previa aprobación del Plan Parcial del sector correspondiente.

2. En el suelo urbanizable no programado sólo podrá actuarse mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística y de los correspondientes Planes Parciales para su ejecución.

3. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la ejecución de los sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio previstos en los Planes Territoriales Directores de Coordinación, o en los Planes Generales. o la de alguno de los elementos de dichos sistemas.

Sección 2.a -Actuación por polígonos.

Se deroga este epígrafe.

Art. 104. 1. La ejecución de los Planes y de los Programas de Actuación Urbanística se realizará por polígonos completos, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos o de realizar actuaciones aisladas en suelo urbano.

2. Los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a) Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del Plan y de los Programas de Actuación Urbanística.

b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.

3. En suelo urbano, cuando no sea posible la determinación de un polígono con los requisitos establecidos en el número anterior, ni se trate de actuaciones aisladas, las operaciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.

No podrán delimitarse polígonos ni unidades de actuación inmediatos a terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin incluir los referidos poligonos y unidades en la parte correspondiente de los indicados terrenos.

Art. 105. La delimitación de poligonos y unidades de actuación si no se contuviere en los Planes, así como la modificación de los ya delimitados cuando proceda, se acordará de oficio, o a petición de los particulares interesados, por la Entidad Local o Urbanística Especial actuante, conforme al procedimiento regulado por el articulo 32, con reducción de los plazos a la mitad.

No obstante, ninguna reclamación o recurso que se fundamente en errores u omisiones no denunciados en la fase de información pública podrá dar lugar a la retroacción de actuaciones.

Art. 105 bis. Los terrenos de cualquier clase

Si se pretendiese modificar su afectación o agotase su vigencia el Plan sin haberse cumplido el destino a que se afectaron, procederá la reversión de los terrenos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.

CAPITULO II.-De los sistemas de actuación.

Sección 1 -Disposiciones generales. Se deroga este epígrafe.

Art. 106. 1. La ejecución de los polígonos o unidades de actuación se realizará mediante cualquiera de los siguientes sistemas de actuación:

a) Compensación.

b) Cooperación. c) Expropiación.

2. La Administración actuante elegirá el sistema de actuación aplicable según las necesidades, medios económicos-financieros con que cuente, colaboración de la iniciativa privada y demás circunstancias que concurran, dando preferencia a los sistemas de compensación y cooperación, salvo cuando razones de urgencia o necesidad exijan la expropiación.

3. Cuando el Plan de Ordenación o Programa de Actuación Urbanística no precisaren el sistema, su determinación se llevará a cabo con la delimitación del polígono o unidad de actuación. Si los propietarios que representen el 60 por 100 de la superficie total del polígono o unidad de actuación solicitasen, en el trámite de

información pública del procedimiento para su delimitación, la aplicación del sistema de compensación, la Administración lo acordará, previa audiencia de los demás propietarios del polígono o unidad de actuación.

4. En todo caso, procederá la aplicación del sistema de expropiación cuando la Junta de Compensación o, en su caso, el propietario único de todos los terrenos del polígono o unidad de actuación incumplan las obligaciones inherentes al sistema de compensación.

Art. 107. Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística están sujetos al cumplimiento de las siguientes cargas:

a) Efectuar las cesiones de terrenos que se establecen en la presente Ley.

b) Sufragar los costes de la urbanización.

La Administración vendrá obligada a afectar el suelo procedente de las cesiones al destino previsto en los Planes, y eventualmente y al Patrimonio Municipal del Suelo y a realizar la urbanización en los plazos previstos. La variación en el destino de los terrenos de cesión obligatoria no podrá implicar en ningún caso disminución de la cuantía de las cesiones correspondientes al aprovechamiento medio en cada caso.

Art. 108. Cuando la actuación en determinados polígonos o unidades de actuación no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las cargas en relación con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas edificables, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previo dictamen del Consejo de Estado, con audiencia o, en su caso, a instancia de los Ayuntamientos interesados, podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducción de la contribución de los propietarios a las mismas o una compensación económica a cargo de la Administración. procurando equiparar los costes de la actuación a las de otras análogas que hayan resultado viables.

Art. 109. '1. En los costes de urbanización que deban ser sufragados por los propietarios afectados se comprenden los siguientes conceptos:

a) Las obras de viabilidad. saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería, que estén previstas en los Planes y Proyectos y sean de

._..._.... para o1 eso..*.,.. n área de actuación. sin

gastos de instalación de las redes de suministro de agua y energía eléctrica con cargo alas Empresas que prestaren los servicios, salvo la parte que deban contribuir los usuarios según la reglamentación de aquéllos.

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exija la ejecución de los Planes.

c) E1 coste de los Planes Parciales y de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación.

2. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos.

Art. 110. Los propietarios de suelo rústico urbanizable no programado que sea objeto de un Programa de Actuación Urbanística, habrán de subvenir a la ejecución o suplemento de las obras exteriores de infraestructura sobre las que se apoye la actuación urbanística, sin perjuicio del cumplimiento de las cargas a que se refiere el artículo 69.

Art. 111. 1. Las obligaciones y cargas de los propietarios del suelo a que se refiere este capítulo serán objeto de distribución justa entre los mismos, juntamente con los beneficios derivados del planteamiento, en la forma que libremente convenga mediante compensación o reparcelación.

2. El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitara a la Administración compentente para expropiar los terrenos afectados.

Art. 111 bis. 1. La cesión del diez por ciento a que se refiere el articulo 68, 3. en los casos de actuaciones urbanísticas de carácter sect o que por su naturaleza requieran una reducida extensión de terrenos o situarse en parajes aislados, podrá ser sustituida por una indemnización económica, determinada con arreglo al procedimiento establecido en el articulo 88.

2. Procederá también la indemnización sustitutoria entre los afectados cuando, por las circunstancias de edificación en una actuación urbanística. no fuere posible llevar a cabo la reparcelación material de los terrenos de toda o parte de la misma superior a un 50 por 100 de la superficie afectada.

CAPITULO III.-Sistema de compensación.

Art. 112. 1. En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan o Programa de Actuación Urbanística o en el acuerdo aprobatoria del sistema y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular.

2. Las bases de actuación y los Estatutos de la Junta de Compensación serán aprobados por la Administración actuante. A tal efecto, los propietarios que representen, al menos, el 60 por

100 de la superficie total del polígono o unidad de actuación, presentarán a la Administración actuante los correspondientes proyectos de bases y Estatutos. Con anterioridad a la resolución que se adopte, se dará audiencia a los demás propietarios.

CAPITULO II.-Sistemas de actuación

Se deroga este epígrafe.

Sección 1.a..-Disposiciones generales.

Se deroga este epígrafe

Art. 113. 1. Los propietarios del polígono o

unidad de actuación que no hubieren solicitado

el sistema podrán incorporarse con igualdad de

derechos y obligaciones a la Junta de Compen

sación, sino lo hubieran hecho en un momento

anterior, dentro del plazo de un mes a , partir

 

 

 

B. O. ESTADO 5 MAYO 1975 num 107

atutos de la Junta. Si no lo hicieran,

serán expropiadas en favor de la

Compensación que tendrá la condición

.e beneficiaria.

án también incorporarse a la Junta sas Urbanizadoras que hayan de parn los propietarios en la gestión del > unidad de actuación.

'unta de Compensación tendrá natu personalidad jurídica plena capacidad para el cumplimiento yes.

representante de la Administración `orinará parte del órgano rector de la todo caso.

acuerdos de la Junta de Compensación urribles en alzada ante la Adminis:

1. La transmisión al Municipio co!nte en pleno dominio y libre de cardos los terrenos de cesión obligatoria >bras o instalaciones que deban ejecu!osta los propietarios, tendrá lugar por de la Ley en las condiciones que reiamente se determinen.

ón 2 a.-Sistema de cooperación. ga este epígrafe.

1. La incorporación de los propiela Junta de Compensación no presuro que los Estatutos dispusieran otra ransmisión a la misma de los inmuetados a los resultados de la gestión n todo caso,'los terrenos quedarán die afectos al cumplimiento de las obliinherentes al sistema con anotación en o de la Propiedad en la forma que se glamentariamente.

Juntas de Compensación actuarán coBarias, con pleno poder dispositivo fincas pertenecientes a los propietarios de aquéllas, sin más limitaciones que ecidas en los Estatutos.

transmisiones de terrenos que se rea

>o consecuencia de la constitución de

de Compensación por aportación de los

os del polígono o unidad de actuación,

o de que así lo dispusieran los Esta

n virtud de expropiación forzosa, y las

iones de solares que se efectúen a

los propietarios miembros de dichas

en proporción a los terrenos incor

por aquéllos estarán exentas, con

permanente, del Impuesto General so

*misiones Patrimoniales y Actos Jurídi

nentados, y no tendrán la consideración

>isiones de dominio a los efectos de la

del Arbitrio sobre el incremento del

los terrenos. Cuando el valor de los

adjudicados a un propietario exceda

proporcionalmente corresponda a los

aportados por el mismo, se girarán las

enes procedentes en cuanto al exceso.

i. 1. La Junta de Compensación será

finte responsable frente a la Admi

i competente, de la urbanización com

polígono o unidad de actuación y, en

de la edificación de los solares resul

tando as! se hubiere establecido.

cantidades adecuadas a la Junta de ición por sus miembros serán exigibles de apremio, mediante petición de la la Administración actuante.

ncumplimiento por los miembros de la las obligaciones y cargas impuestas esente Ley habilitará a la Administraante para expropiar sus respectivos de

i

favor de la Junta de Compensación, á la condición jurídica de beneficiaria.

CULO IV.-Sistema de cooperación.

f. 1. En el sistema de cooperación los

2. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficios y cargas.

3. Podrán constituirse asociaciones administrativas de propietarios, bien a iniciativa de éstos o por acuerdo del Ayuntamiento, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización.

Art. 118. 1. Las cargas de la urbanización se distribuirán entre los propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación.

2. La Administración actuante podrá exigir a los propietarios afectados el pago de cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no podrán exceder del importe de las inversiones previstas para los próximos seis meses.

3. La Administración actuante podrá, asimismo, cuando las circunstancias lo aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de los gastos de urbanización.

Art. 119. En el sistema de cooperación no podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o unidad de actuación, cuando aquélla sea procedente.

CAPITULO V.-Sistema de expropiación.

Art. 120. 1. El sistema de expropiación se aplicará por polígonos o unidades de actuación completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en los mismos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior la expropiación forzosa podrá aplicarse para la ejecución de los sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio o la de alguno de sus elementos, o para realizar actuaciones aisladas en suelo urbano.

Sección 3 a.-Sistema de expropiación.

Se deroga este epígrafe.

Art. 121. 1. Cuando la ejecución de los planes se realice por el sistema de expropiación, la delimitación de los polígonos o unidades de actuación deberá ir acompañada de una relación de propietarios y de una descripción de los bienes o derechos afectados, redactadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa (citada).

2. Si no se actúa por polígonos o unidades de actuación completas, la aplicación de la expropiación forzosa para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos o para realizar actuaciones aisladas en suelo urbano, exigirá la formulación de la relación de propietarios y descripción de bienes y derechos a que se refiere el número anterior, que habrá de ser aprobado por el organismo expropiante previa la apertura de un período de información pública por plazo de quince días.

Art. 122. 1. Cuando en la superficie delimitada existan bienes de dominio público y el destino de los mismos según el planeamiento sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públi

cos, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Patrimonio del Estado (R. 1964, 896, 1024 y Apéndice 1951-66, 11098). o, en su caso, en la legislación de Régimen Local.

2. Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie delimitada se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten del planeamiento.

ficar las existentes, salvo en casos concretos y excepcionales, previa autorización expresa del organismo expropiante, que, de no ser el Ayuntamiento, lo comunicará a éste a efectos de la concesión de la oportuna licencia.

Sección 4 a.-Sistema de compensación. Se deroga este epígrafe. Art. 124. Se deroga.

Art. 125. E1 expropiante podrá optar entre seguir la expropiación individualmente para cada finca o aplicar el procedimiento de tasación conjunta con arreglo a lo que se dispone a continuación:

1. E1 proyecto de expropiación será expuesto al público por término de un mes, para que los interesados, a quienes deberán ser notificadas las correspondientes hojas de aprecio, puedan formular observaciones y reclamaciones concernientes a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

2. Informadas éstas por la Administración

actuante, se elevará el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo para su resolución.

3. La resolución será notificada individualmente a los titulares de bienes y derechos afectados. Si los interesados, dentro de los veinte días siguientes, manifiestan por escrito su disconformidad con la valoración establecida por la Comisión Provincial de Urbanismo, con ale

gación en su caso de cuanto estimen pertinente a su derecho, la Comisión Provincial de Urbanismo dará traslado del expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fi

jación del justiprecio conforme a los criterios de valoración establecidos en la presente Ley.

En otro caso, el silencio del interesado se considerará como aceptación de la valoración fijada por la Comisión Provincial de Urbanismo, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio.

4. La resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes o derechos

afectados y el pago o depósito del importe de la valoración establecida por la misma producirá los efectos previstos en los números 6. 7 y 8

del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Art. 126. 1. Sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente. las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de

Expropiación Forzosa, o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasación conjunta los

errores no denunciados y .justificados en el plazo señalado en el numero 1 del artículo anterior no darán lugar a nulidad o reposición de

actuaciones, conservando, no obstante, los interesados, su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda.

2. Llegado el momento del pago del justi

precio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándose en caso contrario a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor, en la que conste haberse extendido

la nota del articulo 32 del Reglamento Hipotecario (R. 1947, 476, 642 y Diccionario 16447), o, en su defecto, los títulos justificativos de su de

recho, completados con certificaciones negativa del Registro de la Propiedad referidas a 1 misma finca descrita en los títulos. Si exis

tiesen cargas deberán comparecer también lo titulares de las mismas.

3. Cuando existan pronunciamientos registra les contrarios a la realidad podrá pagarse e

justiprecio a quienes lo hayan rectificado desvirtuado mediante cualquiera de los medio ---ñataHtns en la legislación hipotecaria o con

Art. 127. 1. Una vez efectuado el pago 0

consignación se podrán levantar una o más

actas de ocupación e inscribir con una o varias

fincas regístrales la totalidad o parte de la su

perficie objeto de su actuación, sin que sea

necesaria la previa inscripción de todas y cada

una de las fincas expropiadas. E1 hecho de que

alguna de estas fincas no estuviese inmatricu

lada no será obstáculo para que pueda practi

carse directamente aquella inscripción. A1 mar

gen de la inscripción de las fincas agrupadas,

y con efectos de transferencia, se extenderá la

oportuna nota.

2. Será título inscribible el acta o actas de

ocupación acompañadas de las actas de pago

o los justificantes de consignación del justi

precio de todas las fincas ocupadas, que habrán

de ser descritas conforme a la legislación hi

potecaria. Dicho titulo, así como los que sean

necesarios para practicar las inscripciones a que

se refiere el artículo siguiente, deberán ir

acompañados, en su caso, de los respectivos

planos, una de cuyas copias se archivará en el

Registro.

3. Si al procederse a la inscripción surgiesen

dudas fundadas sobre si dentro de la superfi

cie ocupada existiese alguna finca registral no

tenida en cuenta en el expediente expropiatorio,

sin perjuicio de practicarse la inscripción, se

pondrá tal circunstancia, a los efectos del ar

tículo siguiente, en conocimiento del organismo

expropiante.

Art. 128. 1. Tramitado el procedimiento ex

propiatorio en la forma establecida en los ar

tículos anteriores y levantada el acta o actas

de ocupación, se entenderá adquirida, libre de

cargas la totalidad de las fincas comprendidas

en la misma por la Administración expropiante.

la cual será mantenida en su adquisición una

vez que haya inscrito su derecho, sin que quepa

ejercitar ninguna acción real o interdictal con

tra la misma, aun cuando posteriormente apa

rezcan terceros interesados no tenidos en cuen

ta en el expediente, quienes, sin embargo, con

servarán y podrán ejercitar cuantas acciones

personales pudieran corresponderles para perci

bir el justiprecio o las indemnizaciones expro

piatorias y discutir su cuantía.

2. Si con posterioridad a la inscripción del

acta conjunta de ocupación aparecieran fincas

o derechos anteriormente inscritos que no se

tuvieron en cuenta en el expediente expropia

torio, la Administración expropiante, de oficio

o a instancia de parte interesada o del propio

Registrador, solicitará de éste que practique la

cancelación correspondiente, sin perjuicio de lo

dispuesto en el número anterior.

Art. 128 bis. En el caso de actuaciones urba

nísticas de promoción pública en nuevos polí

gonos para la creación de suelo urbanizado, el

pago del justiprecio de los bienes y derechos

expropiables se podrá efectuar por la Adminis

tración actuante, de acuerdo con los expropia

dos, con parcelas resultantes de la propia ur

banización.

La valoración de los bienes y derechos ex

propiados y de las parcelas resultantes se hará

con arreglo a los criterios establecidos en esta

Ley: teniendo en cuenta loa costes de la ur

banización correspondiente al plan, según lo

dispuesto en el artículo 109, y conforme al

procedimiento establecido en la Ley de Expro

piación Forzosa. Todo ello en la forma y condi

ciones que reglamentariamente se determine.

s Sección 5.a.-Sistema de cesión de terrenos viales.

a Se deroga este epígrafe.

Art. 129. 1. En todo lo no previsto expresa

mente en esta Ley se aplicará la legislación ge

neral de expropiación forzosa.

2. La corrección prevista en el número 3 del

1 artículo 88 para la valoración individualizada

o de cada una de las propiedades existentes, se

s aplicará con independencia de la que, por con

ceptos análogos, procediere- fiscalmente

 

 

siempre el procedimiento de la Ley >piación Forzosa (citada), sin perjuiie la tasación de los terrenos se reaarreglo a los criterios de valoración

•sente Ley.

PITULO III.-Formas de gestión.

ga este epígrafe.

lección l.a.-Gestión pública.

,ga este epígrafe.

El coste de las expropiaciones a que el artículo anterior podrá ser reperbre los propietarios que resulten espebeneficiados por la actuación urbanediante la imposición de contribu>eciales.

O VI.-Ejecución de los Programas

de Actuación Urbanística.

1. Las Entidades Locales y, en su Urbanísticas Especiales competentes, o a instancia de parte, podrán convorsos para la formulación y ejecución amas de Actuación Urbanística, de ad con las determinaciones y los cri*, a este efecto, señale el Plan Gene-

bases del concurso sañalarán las zapara la localización de las actuamagnitud de las superficies urbani-

exigencias mln>mas de planeamienación con las determinaciones y cric estos efectos establezca el Plan Gei señalamignto de los usos generales destine la' actuación, la obligación motores de construir un porcentaje de 1 en plazos determinados, las garan:iones en caso de incumplimiento y las _unstancias que configuren la referida

>s bases se concretarán, asimismo, las igaciones que deben asumir los ad,iu-

que comprenderán, cuando menos. >tes

ín gratuita a la Entidad Local o, en su Urbanística Especial competente, de >s destinados a viales. parques y jariicos y demás servicios y dotaciones general que, en ningún caso, podrán res a los establecidos en la presente

trucción de la red viaria completa de

actuación y de las redes de abaste

e agua y energía eléctrica, saneamien

-ado público y demás servicios que.

. se prevean.

trucción de las necesarias conexio. exterior de la zona de actuación, les señaladas en el apartado anterior.

fisión y ejecución del equipamiento a las dimensiones y finalidad de la que, cuando se trate de uso resi>nsistirá, como mínimo, en la creapacios verdes públicos y en la cons^centros docentes, sociales y comer-

!sión del 10 por 100 del aprovechadlo podrá sustituirse por las mayores s que, a tal efecto, establecieran las

>ases podrán establecer también los iximos de venta o alquiler de las es.

1. Las bases serán redactadas por que convoque el concurso y serán por el Organo de competencia para on del programa de actuación.

oncursantes, al formular sus ofertas, esentar avances de planeamiento.

fjudicación del concurso se otorgará na entidad que lo convocó.

acto de adjudicación del concurso

ble y se aprobará el avance de planeamiento presentado por el concursante seleccionado a los efectos del artículo 23 con las modificaciones que, en su caso, procedieran.

5. En todo caso, la presentación del avance de planeamiento no limitará las facultades de la Administración respecto a la aprobación del Programa de Actuación Urbanística y Planes Parciales que lo desarrollen.

Art. 134. Adjudicado el concurso, se procederá por el concursante seleccionado a formular el correspondiente Programa de Actuación, de acuerdo con el avance de planeamiento aprobado, si no se hubiera hecho anteriormente, con sujeción a la tramitación y a las determinaciones previstas en el artículo 12 de esta Ley.

Art. 135. 1. De acuerdo con las previsiones del Plan General y sin detrimento de los Programas en él establecidos, las Entidades Locales y. en su caso, las Urbanísticas Especiales competentes podrán formular y ejecutar directamente Programas de Actuación Urbanística sin que sea necesario en este supuesto la convocatoria de concurso.

2. Asimismo podrán formularse y ejecutarse Programas de Actuación Urbanística sin previa convocatoria de concurso, cuando se trate de la urbanización de terrenos destinados a instalaciones de actividades productivas relevantes o de especial importancia y para la formación de polígonos industriales, y ¿sí lo acuerde el Consejo de Ministros mediante Decreto, a propuesta del Ministerio de la Vivienda y del competente por razón de la materia, previo informe de las Corporaciones Locales interesadas, y de la Comisión Central de Urbanismo y dictamen del Consejo de Estado. En el Decreto se determinarán las obligaciones que debe cumplir el adjudicatario en relación con lo que se establece en el apartado 3 del articulo 132.

Art. 135 bis. De haberse formulado directamente Programas de Actuación Urbanística por las Entidades Locales y, en su caso, las Urbanísticas Especiales, éstas podrán convocar concursos para la ejecución y desarrollo de los mismos, con sujeción a las Leyes y disposiciones que regulan sus respectivas competencias.

Art. 136. Los Programas de Actuación Urbanística se ejecutarán por los sistemas de compensación, cooperación o expropiación. La determinación del sistema se efectuará por la Administración en la forma prevista por esta Ley.

Sección 2.r-Gestión privada

Se deroga este epígrafe.

Art. 137. En todo caso, la aprobación del Programa de Actuación Urbanística implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para el enlace de la zona de actuación con los correspondientes elementos de los sistemas generales existentes en el exterior.

Art. 138. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario dará lugar. en su caso, a la resolución del convenio y a la caducidad del Programa de Actuación Urbanística, respecto de la parte pendiente de ejecución, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Arts. 139. 140 y 141. Se derogan.

Art. 149. 1. La enajenación de una finca incluida en el Registro. efectuada con arreglo a los articulos 146. 147 ó 148, producirá la definitiva extinción de 'os arrendamientos y demás derechos personales constituidos por cualquier titulo en relación con la misma, sin que repercutan de ningún modo sobre la nueva construcción n> hayan de reservarse en ella locales o habitaciones a los antiguos ocupantes.

2. Si fuere el propietario quien se propusiere acometer o terminar la edificación, producirá

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puesto por los artículos 142 y 143, pero antes de existir solicitud de adquisición, por un tercero.

3. Si procediere por razón de la naturaleza da la obligación, los aludidos derechos serán indemnizados a cargo del propietario por su valor real, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa (R. 1954, 1848, y Apéndice 1951-66, 5724) y lo previsto en su artículo 43. En cualquier caso, el pago o depósito de la indemnización será previo al desalojo.

Art. 151 bis. Los Ayuntamientos, previa autorización del Ministro de la Vivienda, o éste, con audiencia de aquéllos, podrán dejar sin efecto el régimen general de la edificación forzase en todo término municipal o en alguna parte del mismo en los casos siguientes:

1. Cuando en el ámbito territorial afectado por la suspensión del Plan General determine la necesidad o conveniencia de realizar operaciones de reforma interior o se apruebe inicialmente un Plan Especial de esa naturaleza.

2. Cuando concurran densidades de edificación u otras circunstancias de carácter urbanístico, económico o social que así lo aconsejen, en tanto subsistan tales circunstancias.

Art. 157. 1. El Estado, las Entidades Locales y Urbanísticas Especiales y las demás personas públicas, dentro del ámbito de su competencia, así como los particulares, podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad con destino a la construcción de viviendas, servicios complementarios, instalaciones industriales y comerciales u otras edificaciones determinadas en los Planes de ordenación, cuyo derecho corresponderá al superficiario,

2. El derecho de superficie será transmisible y susceptible de gravamen, con las limitaciones que se hubieren fijado al constituirlo y se regirá por las disposiciones contenidas en esta sección, por el título constitutivo del derecho y, subsidiariamente, por las normas del Derecho privado.

Art. 158. 1. La concesión del derecho de superficie por el Estado y demás personas públicas se efectuará por subasta o por adjudicación directa o como consecuencia de haberse procedido á una expropiación parcial del dominio del suelo, por así permitirlo la ejecución del Plan. La adjudicación directa podrá hacerse gratuitamente o por precio inferior al coste, siempre que los terrenos sean destinados a los fines previstos en los artículos 153 y 155. Requerirá, además, autorización del Ministro de la Vivienda o del de la Gobernación, según que dicha adjudicación se verifique por órganos urbanísticos de la Administración del Estado o por las Entidades locales.

2. La constitución del derecho de superficie deberá ser en todo caso formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad.

3. Cuando se constituyere a título oneroso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión, o de un canon periódico, o la adjudicación en viviendas o en locales o en derechos de arrendamiento de unas u otros o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edifícado al finalizar el plazo que se hubiera pactado al constituir el derecho de superficie.

Art. 159. 1. El derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto en el Plan o en el convenido, si fuera menor, o por el transcurso del plazo que se hubiera pactado al constituirlo, que no podrá exceder de '75 años en el concedido por el Estado y demás personas públicas, ni de 99 en el convenido entre los particulares.

2. Cuando se extinga el derecho de super-

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alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho.

3. La extinción del derecho de superficie por decurso del término provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

4. Si por cualquier otra causa se reunieran en la misma persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente.

Art. 160. La concesión del derecho de superficie por el Estado y demás personas públicas y su constitución por los particulares gozarán de las ventajas que se establezcan reglamentariamente en la concesión de calificaciones, préstamos y ayudas previstas en la legislación protectora de viviendas.

Art. 160 bis. Cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos lo requiera, las Entidades locales, previo informe del Ministerio de la Vivienda y autorización del de la Gobernación, podrán ceder directamente, por precio inferior al de coste o con carácter gratuito, el dominio de dichos terrenos en favor de Entidades o Instituciones públicas para destinarlos a fines que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos Municipios. También podrán efectuar tales cesiones en las condiciones y con las formalidades establecidas reglamentariamente para atender a especiales necesidades de viviendas de carácter social.

Art. 161. Se deroga.

Art. 165. 1. Estarán sujetos a previa licencia, a los efectos de esta Ley, los actos de edificación y uso del suelo, tales como las parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos que señalaren los Planes. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.

2. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de esta Ley, de los Planes de Ordenación Urbana y Programas de Actuación Urbanística y, en su caso. de las normas complementarias y subsidiarias del planeamiento.

3. El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo prevenido en la legislación de Régimen Local. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los planes, proyectos, programas y, en su caso, de las normas complemen-

tarias y subsidiarias de planeamiento.

Art. 167. 1. Los actos relacionados en el artículo 165 que se promuevan por órganos del Estado o Entidades de derecho público que administren bienes estatales, estarán igualmente sujetos a licencia municipal,

2. Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente, por razón de la materia, podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor.

En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado al Ministro de la Vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo. El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el Proyecto, y en este caso ordenará la iniciación del pro..o.lim;antn rla mnriifiración o revisión del pla-

raar la subpc.lz.u" 4--

ere e1 número 1 de este artículo cuando se

.tendiese llevar a cabo en ausencia o en con

licción con la notificación, de conformidad

el planeamiento que se establece en el nú

ro anterior, comunicando dicha suspensión

órgano redactor del proyecto y al Ministro

la Vivienda, a los efectos prevenidos en el

imo.

e exceptúan de esta facultad las obras que cten directamente a la Defensa Nacional, 'a cuya suspensión deberá mediar acuerdo Consejo de Ministros, previa propuesta del zistro de la Vivienda, a solicitud del Ayunriento competente e informe del Ministerio .itar afectado o Alto Estado Mayor, caso d* ctar a más de un Ministerio militar.

,rt. 171. 1. Cuando los actos de edificación iso del suelo relacionados en el artículo 165 efectuasen sin licencia u orden de ejecución >in ajustarse a las condiciones señaladas en mismos, el Alcalde o el Gobernador civil, oficio o a instancia del Delegado provincial Ministerio de la Vivienda, dispondrá la susrsión inmediata de dichos actos. El acuerdo suspensión se comunicará al Ayuntamiento el plazo de tres días si aquél no hubiese o adoptado por el Alcalde.

En el plazo de dos meses, contados desde notificación de la suspensión, el interesado irá de solicitar la oportuna licencia o, en caso, ajustar las obras a la licencia u orden ejecución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse inslo la expresada licencia, o sin haberse ajusto las obras a las condiciones señaladas, el untamiento acordará la demolición de las las a costa•ilel interesado y procederá a im9ir definitivamente los usos a los que diera ;ar. De igual manera procederá si la licencia !re denegada por ser su otorgamiento conrio a las prescripciones del Plan o de las denanzas.

Si el Ayuntamiento no procediera a la rnolición en el plazo de un mes, contado desla expiración del término al que se refiere número precedente o desde que la licencia °.se denegada por los motivos expresados, el 2alde o el Gobernador civil dispondrá direcnente dicha demolición, á costa, asimismo, I interesado.

1rt. 171 bis. 1. Siempre que no hubiese inscurrido más de un año desde la total ternación de las obras realizadas sin licencia orden de ejecución o sin ajustarse a las con-

•iones señaladas en las mismas, las autorides a que se refiere el artículo anterior reerirán al promotor de las obras o a sus cauiabientes para que soliciten en plazo de dos !sea la oportuna licencia. El requerimiento se arunicará al Alcalde en el plazo de tres días aquélla no hubiera sido formulada por el sino.

!. Si el interesado no solicita la licencia en plazo de dos meses, o si la licencia fuese negada por ser su otorgamiento contrario a prescripciones del Plan o de las Ordenanzas, procederá conforme a lo dispuesto en los meros 3 y 4 del artículo anterior.

1. Lo dispuesto en los anteriores artículos se tenderá con independencia de las facultades .e correspondan a las autoridades competen;, en virtud del régimen específico de autorición o concesión a que están sometidos deterinados actos de edificación o uso del suelo.

Art. 172. 1. El Alcalde dispondrá la suspenin de los efectos de una licencia u orden de scución y consiguientemente la paralización mediata de las obras iniciadas a su amparo, ando el contenido de dichos actos adminisitivos constituye manifiestamente una infrac5n urbanística grave.

2. Si el Gobernador civil, de oficio o a insncia del Delegado provincial del Ministerio la Vivienda, apreciare que las obras que se alicen al amparo de una licencia u orden de

la Corporación Municipal, a fin de que su Presidente proceda según lo prevenido en el número anterior. Si en el plazo de diez días el Presidente de la Corporación Municipal no adoptase las medidas expresadas en dicho número, el Gobernador civil, de oficio, acordará la suspensión de los efectos de la licencia u orden de ejecución y la inmediata paralización de las obras.

3. En todo caso, la autoridad que acuerde la suspensión procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, a los efectos prevenidos en los números 2 y siguientes del artículo 118 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (R. 1956, 1890, y Apéndice 1951-66, 8654).

Art. 172 bis. 1. Las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido constituya manifiestamente algunas de las infracciones urbanísticas graves definidas en esta Ley, deberán ser revisadas dentro de los cuatro años desde la fecha de su expedición por la Corporación Municipal que las otorgó a través de algunos de los procedimientos del artículo 110 de la Ley dé Procedimiento Administrativo (citada), bien de oficio o a instancia del Gobernador civil, a solicitud. en su caso, del Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda.

La Corporación deberá acordar cuando proceda la demolición de las obras realizadas, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles conforme a lo dispuesto en esta Ley.

2. Si la Corporación Municipal no procediese a la adopción de los acuerdos anteriores en el plazo de un mes, desde la comunicación del Gobernador civil, éste dará cuenta a la Comisión Provincial de Urbanismo correspondiente a los efectos previstos en el número 4 del artículo 5.° de esta Ley.

Art. 188 bis. 1. Para fomentar la edificación con arreglo al planeamiento, :os Ayuntamientos podrán someter a gravamen: Los terrenos que estén calificados como urbanos o urbanizables programados o vayan adquiriendo esta última condición. aun cuando estén edificados y siempre que no tengan la condición de solar.

2. También estará sujeto a gravamen por una sola vez el aumento de volumen edificable en suelo urbano que resulte de la modificación del planeamiento.

3. El sujeto pasivo del gravamen, los actos sujetos y exentos, bases imponibles, tipos de exacción, fecha de devengo y demás características se determinarán en las normas que regulen la fiscalidad de los entes locales. Se tendrán en cuenta a estos efectos el valor urbanís. tico de los terrenos y las demás condiciones que se fijen cuando aquéllos adquieran la condición de solar.

4. Las cantidades que se recauden por los conceptos regulados en este artículo se afectarán a la gestión urbanística municipal.

Art. 188 ter. 1. En los supuestos de expropiación previstos en esta Ley, en los que fuera de aplicación el valor urbanístico, la diferencia entre éste y el valor inicial atribuible a los terrenos o el que les correspondiera con anterioridad a los efectos del arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos, se tendrá en cuenta en la aplicación de dicho arbitrio. Asimismo se tendrá en cuenta en dicho arbitrio, en su caso, la cesión obligatoria y gratuita del 10 por 100 del resto del aprovechamiento medio,

2. A etectos de lo dispuesto en el número anterior la Administración expropiante, cuando no fuera el Ayuntamiento, dará cuenta a éste del justiprecio asignado a los terrenos expropiados.

3. E1 producto obtenido en virtud de lo establecido en este artículo se afectará a la gestión urbanística correspondiente.

Le en ras que *e cuauy---i v* ¿------r- 4°° Ley y en los supuestos en 1 que el coste deylas mismas resulte desproporcionado o cuando el urbanizador realice a su costa los servicios 0 dotaciones de interés general, originará el derecho de una reducción de hasta un 80 por 100 de las bases de la Contribución Territorial Urbana de las edificaciones realizadas en los terrenos de nueva urbanización.

Art. 190. La realización de obras de urbanización en sectores de reforma interior, sufragándolas íntegra y anticipadamente, originará el derecho a una reducción en la base imponible de la Contribución Territorial Urbana de las nuevas edificaciones, como máximo en el porcentaje procedente para que las cuotas y recargos de la misma que correspondan a las nuevas construcciones sean equivalentes a las atribuibles a las fincas que ocupaban el mismo suelo antes de la nueva urbanización.

Art. 191. El plazo de disfrute de los beneficios a que se refieren los artículos 189 y 190 será de diez años, a partir de la fecha de terminación de las edificaciones correspondientes.

Art. 192. El disfrute de los beneficios fiscales a que re refieren los tres artículos precedentes es incompatible con cualesquiera otros beneficios fiscales concedidos con carácter general a las nuevas edificaciones y no serán, por consiguiente, susceptibles de disfrute simultáneo o sucesivo. En estos casos corresponde a los beneficiarios el derecho a optar por uno de los beneficios que resulten aplicables.

Art. 193. Las reducciones a que se refieren los artículos 189 a 192 se aplicarán igualmente a toda clase de exacciones de las Corporaciones Locales que, gravando las nuevas edificaciones, recaigan sobre las cuotas de la Contribución Territorial Urbana.

Art. 198. 1. La Comisión Central de Urbanismo, encuadrada en el Ministerio de la Vivienda, es el Organo superior de carácter consultivo en materias de planeamiento y urbanismo.

2. La Comisión Central de Urbanismo estará presidida por el Subsecretario de la Vivienda.

3. Formarán parte de la Comisión, en el número y forma que se establezca reglamentariamente, representantes de los Departamentos ministeriales, Corporaciones Locales, Organización Sindical, de aquellas Corporaciones públicas cuya actividad esté inmediatamente relacionada con el planteamiento y urbanismo, y hasta un máximo de cinco Vocales designados por el Ministro de la Vivienda entre personas de acreditada competencia en cualquiera de las especialidades propias del urbanismo.

4. Formarán parte asimismo de la Comisión:

a) Cuando se sometan a su informe los Planes Directores Territoriales de Coordinación: los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y los Alcaldes de las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes afectados.

b) Los representantes de los Departamentos ministeriales con categoría de Director General que designen para cada caso los Ministros respectivos, en relación con los asuntos de su especial competencia,

5. La Comisión actuará en Pleno, Secciones y Ponencias, con la composición y funciones que se determinen reglamentariamente.

6. El Presidente podrá convocar a las reuniones a las autoridades o personal técnico que estime conveniente para el mejor asesoramiento de la Comisión.

Art. 199. 1. La Comisión Central de Urbanismo informará preceptivamente con carácter previo a la aprobación dei Plan Nacional de ordenación, de los Planes Directores Territoriales de Coordinación y de los Planes Generales Municipales de ordenación de las capitales de provincia y municipios de más de 50.000

Pliego 52.-REP, CRON. LEGISLACION 1975

G. L'1 1*1*11tJ1.TV ue 16 viva------ y-uan ---igualmente a consulta de la Comisión Central de Urbanismo cuantos asuntos relacionados con su competencia tenga por conveniente,

3. Cuando el Ministro de la Vivienda disienta del informe preceptivo de la Comisión Central de Urbanismo, la resolución del asunto corresponderá al Consejo de Ministros.

Art. 212. 1. Los acuerdos municipales que constituyeren infracción manifiesta de normas urbanísticas vigentes podrán ser dejados en suspenso dentro del año siguiente a su notificación o publicación cuando ésta fuere preceptiva, por los órganos y con el procedimiento y efectos que se prevén en el artículo 172, adoptándose simultáneamente las medidas pertinentes para la efectividad de las disposiciones vulneradas.

2. Las entidades locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo (citada).

CAPITULO II.-Infracciones urbanísticas

Art. 213. La vulneración de las prescripciones contenidas en esta Ley o en los Planes, Programas, Normas y, Ordenanzas tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo la imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las medidas previstas en los artículos 171 y 171 bis, 172 y 172 bis de la presente Ley y de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.

Art. 214. 1. Las infracciones urbanísticas se clasificarán en graves y leves en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Tendrán en principio carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas.

3. Las infracciones urbanísticas se sancionarán con arreglo a lo establecido en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 215. Reglamentariamente se determinarán las sanciones que pueden imponerse por consecuencia de la presente Ley, adecuando las mismas a la tipificación de las infracciones urbanística.

Art. 215 bis. 1. En las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas, serán sancionados con multas, en la cuantía determinada en esta Ley, el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas.

2. En las obras amparadas en una licencia, cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción urbanística grave, serán igualmente sancionados con multa, el facultativo que hubiere informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste fuera desfavorable en razón de aquella infracción, o se hubiese hecho la advertencia de ilegalidad prevista en la legislación de régimen iccal.

3. Los Colegios profesionales que tuviesen encomendado el visado de los proyectos técnicos precisos para la obtención de licencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 165, denegarán dicho visado a los que contuvieran alguna de las infracciones previstas en el artículo 214. 2.

4. Las multas que se impongan a los distintos sujetos como consecuencia de una misma

infracción tendrán entre sí carácter indepen-

diente.

1633

5. Para graduar las multas se atenderá primordialmente a la gravedad de la materia, a la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción, a su reiteración por parte de la persona responsable y al grado de culpabilidad de cada uno de los infractores.

6. Las autoridades competentes para imponer las multas y las cuantías máximas de éstas serán las siguientes:

a) Los Alcaldes. En los municipios que no excedan de 10.000 habitantes, 100.000 pesetas; en los que no excedan de 50.000 habitantes, 500.000 pesetas; en los que no excedan de 100.000 habitantes, 1.000.000 de pesetas; en los que no excedan de 500.000 habitantes. 5.000.000 de pesetas, y en los de más de 500.000 habitantes, diez millones de pesetas.

b) Los Gobernadores Civiles, previo informe de las Comisiones Provinciales de Urbanismo, hasta 25 millones de pesetas.

c) El Ministro de la Vivienda, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, hasta 50 millones de pesetas.

d) El Consejo de Ministros, a propuesta del de Vivienda, y previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, hasta 100 millones de pesetas,

7. En las parcelaciones ilegales el importe de la multa podrá ampliarse a una cantidad igual a todo el beneficio obtenido más los daños y perjuicios ocasionados, y la cuantía de

la sanción no será nunca inferior a la diferencia entre el valor inicial y el de venta de la parcela correspondiente.

Arí. 216. Los que, como consecuencia de una infracción urbanística sufrieren daño o perjui-

cio, podrán exigir de cualquiera de los infractores, con carácter solidario, el resarcimiento e indemnización.

Art. 216 bis. 1. Las infracciones urbanísticas prescribirán al año de haberse cometido, salvo cuando en la presente Ley se establezca un plazo superior para su sancion o revisión.

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido incoarse el procedimiento.

Art. 216 ten. Cuando el beneficie que resultare de una infracción urbanística fuese supe-

rior a la sanción que corresponda podrá ésta incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.

CAPITULO III.-Recursos administrativos

Se deroga este epígrafe. Art. 217. Se deroga.

CAPITULO III.-Responsabilidad

de la Administración

Art. 218. La procedencia de indemnización por causa de anulación de una licencia en vía administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

Art. 219. Se deroga.

CAPITULO IV.-Acciones y recursos Art. 220. Se deroga.

Art. 221. Los acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo o su Presidente, así como aquellos a que se refiere el apartado b) del número 6 del artículo 215 bis, serán susceptibles de recurso de alzada ante el Ministro de la Vivienda.

CAPITULO IV.-Acciones y recursos jurisdiccionales Se deroga este epígrafe.

bunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Proyectos, Normas y ordenanzas.

2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta un año después de su terminación.

Art. 225. 1. Los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa, serán recurribles directamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

2. Los actos de aprobación definitiva de Planes de ordenación y Proyectos de Urbanización serán impugnables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos prevenidos en el artículo 29 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción (citada).

Arts. 226, 227 y 228. Se derogan.

Disposiciones finales

1.• Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley con las salvedades que se contienen en las disposiciones siguientes.

2.^ 1. En el plazo de un año, a contar desde la publicación de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministro de la Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, aprobará por Decreto un texto refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R. 1956, 773, 867, y Apéndice 1951-66, 14217).

2. E1 texto refundido integrará en su cuerpo normativo los artículos 11 del Decreto-ley de 25 de febrero de 1957 (R. 260 y Apéndice 195166, 6991), sobre reorganización de la Administración Central del Estado; 13 b) del Decreto 2764!1967, de 27 de noviembre (R. 2234); 3.° del Decreto 63/1968, de 18 de enero (R. 130 y 538), y disposición final 3.° del Decreto 1994/1972. de 13 de julio (R. 1359) y los preceptos de la Ley 158/1963, de 2 de diciembre (R, 22,65 y Apéndice 1951-66, 14233), sobre "Modificación de Planes de Ordenación y proyectos de urbanización cuando afecten a zonas verdes y espacios libres previstos en los mismos", armonizando su contenido con lo dispuesto en la presente Ley. Deberá incluir la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y consignará expresamente las anteriores que han de quedar total o parcialmente derogadas.

3.° Se autoriza al Gobierno para que en el mismo plazo de un año, y a propuesta conjunta de los Ministros de Información y Turismo y de la Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, apruebe por Decreto un texto refundido de la Ley 197/1963, de 28 de diciembre (R. 2480 y Apéndice 1951-66. 14060). sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, eri el que, a salvo siempre las competencias que en ella están atribuidas a ambos Departamentos, se adapten a las normas de contenido urbanístico de dicha Ley, a lo dispuesto en la presente, continuando vigente en todos sus términos aquélla, en tanto el indicado texto refundido sea aprobado.

4.• El Consejo de Ministros, en el plazo de seis meses, a contar de la publicación del texto articulado de la Ley de Régimen Local, a propuesta de los Ministros de la Gobernación y de la Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, incorporará al texto refundido de la Ley del Suelo, en lo que fuere necesario, las competencias urbanísticas de las Entidades Locales, en la forma y ámbito que para cada una de ellas establezca la legislación de Régimen Local.

5.• Los artículos 162 a 164 y 183 a 188 inclusive de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 (citada), quedarán derogados a la entrada en vigor de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local y se entenderán sustituidos por los preceptos

e

la misma a que se incorpore el contenido de

mencionada Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local.

6.• 1. Se autoriza al Gobierno para que, previo dictamen del Consejo de Estado, dicte las disposiciones precisas para acomodar el texto refundido de la Contribución Territorial Urbana, aprobado por el Decreto 1251/1966. de 12 de mayo (R. 994, 1522. 1978 y Apéndice 195166, 3516), a los preceptos de esta Ley, teniendo especialmente en cuenta las repercusiones que se deriven de las variaciones de calificación de suelo que vengan determinadas por la aplicación de la presente Ley.

2. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, dictará igualmente las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el artículo 47 bis.

7.• 1. El Gobierno, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá elevar. por Decreto, previo informe del Consejo de Estado, las cuantías de las reservas y las previsiones a que s, refieren los artículos 9.° ten, 1, b), 10, 2, b), c), d) Y e). Estas cuantías solamente podrán disminuirse cuando circunstancias excepcionales lo exijan, previo informe favorable del Consejo de Estado. Igualmente el Gobierno podrá establecer otras reservas y previsiones de

naturaleza análoga a propuesta del Ministro de la Vivienda, y en su caso del titular de este Departamento y del Ministro competente por razón de la materia.

2. Se autoriza al Gobierno para establecer, mediante Decreto, los criterios con arreglo a los cuales los Planes Generales hayan de fijar la cuantía de las reservas y previsiones apli-

cables al suelo urbano o, en su caso, para determinar su cuantía directamente, según las circunstancias urbanísticas de las poblaciones afectadas.

3. El Gobierno, por Decreto, a propuesta del Ministerio de la Vivienda, fijará las condicio-

nes y proporción en que se pueda adscribir a la construcción de viviendas de carácter social, la superficie edificable resultante de actuacio-

nes públicas para la creación de suelo urbanizado, correspondiente al aprovechamiento a que se refieren los artículos 68. 3 y 69. 2, así como sucesión a precio de coste o inferior, cuanto se

promuevan las viviendas por Entidades Públicas o sin ánimo de lucro.

8.• Se autoriza al Gobierno para que mediante Decreto, a propuesta del Ministro de la Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, revise la composición de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y para que. cuando las circunstancias lo aconsejen, modifique esa misma composición y la de la Comisión Central de Urbanismo.

9.° Se autoriza al Gobierno para adaptar por

Decreto, a propuesta del Ministro de la Vivien-

da. la cuantía de las multas. establecida en el

artículo 215 bis, a la evolución de las circuns

tancias socio-económicas en función del índice

general ponderado de precios al por mayor pu

blicado por el Instituto Nacional de Estadística.

10. El Gobierno, en los seis meses siguientes

a la aprobación del texto refundido de la Ley

de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,

dictará por Decreto, a propuesta del Ministro

de la Vivienda, previo dictamen del Consejo de Estado, el Reglamento general, o en su caso, los Reglamentos parciales que estime oportunos para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

11. Esta Ley se aplicará en Alava en todo lo que no se eponga a las especialidades de carácter económico y administrativo que con-

figuran su régimen propio. Se aplicará asimismo en Navarra, sin perjuicio de lo que establece la Ley de 16 de agosto de 1841 (Diccionario 13938), sobre régimen de su Diputación Foral y Provincial y de los Municipios navarros, así como de las demás disposiciones de su derecho peculiar, reconocidas por el Real De-

, .... .a.. A a* nn,r,oMi1TP fiP 1925 (Dicciona-

12. Desde la entrada en vigor de la preser Ley quedará suprimido el recargo del 25 por 7 en el arbitrio sobre el incremento de valor

los terrenas comprendidos en el Registro de ; que estén en venta forzosa.

13. Se autoriza al Gobierno para que, a pi puesta del Ministerio de Justicia, y previo

forme del Ministerio de la Vivienda, se dict las disposiciones precisas para acomodar

legislación hipotecaria a lo dispuesto en e Ley a fin de asegurar que las limitaciones deberes establecidos en la misma y en los p nos, programas, proyectos, normas, Ordenan; y catálogos se reflejen con toda exactitud en Registro de la Propiedad.

14. En la formulación, tramitación y gest del planeamiento urbanístico los órganos co potentes deberán asegurar la mayor particil ción de los interesados y en particular los

rechos de iniciativa e información por pa de las corporaciones, asociaciones y partí 1 ares.

Disposiciones transitorias

1.• 1. Los Planes Generales de Ordenac vigentes en la actualidad se adaptarán a dispuesto en esta Ley. La adaptación podrá mitarse a la clasificación del suelo, determi ción del aprovechamiento medio e incorpc c:ón del programa pertinente.

2. Las Entidades Locales deberán remitir propuestas de adaptación a los órganos eom tenles para la aprobación de los Planes, dei de los cuatro años siguientes a la entrada vigor de esta Ley.

3. E1 Gobierno, a propuesta del Ministro la Vivienda, podrá, en casos justificados,

ducir o ampliar este plazo en dos años.

4. Las propuestas de adaptación se som rán al mismo procedimiento establecido F la aprobación de los' Planes, sin que sea aplicación en estos casos la aprobación por lencio administrativo prevista en el art. 32 la Ley del Régimen del Suelo y ordena, Urbana de 12 de mayo de 1956 (citada).

5. Si las propuestas de adaptación no fm remitidas para su aprobación dentro de los dicados plazos, el Ministerio de la Vivienc las Comisiones Provinciales de Urbanismo su caso, procederán a redactarlas y tramite de oficio.

6. Lo establecido en la presente disposi transitoria se entenderá en todo caso sin

juicio de la aplicación inmediata de las mas de acomodación de las de contribución rritorial urbana a que se refiere la disposi

final 6.• en virtud de las variaciones de ficacián de suelo en los planes vigentes vengan determinados por la aplicación d presente Ley.

2,• En tanto no se lleve a cabo la ad¿ ción prevista en la disposición anterior, se drán en cuenta las siguientes reglas:

1. Los Planes Parciales aprobados def:

vamente con anterioridad a la entrada er gor de la presente Ley que no estuviere curso de ejecución con arreglo a la dispos transitoria siguiente y los que se aprueben finitivamente con posterioridad, se ejecu' con arreglo a los preceptos de esta Ley. efectos prevenidos en el articulo 68 se e dará por aprovechamiento iredro el que re del Plan Parcial dentro dO su propio án

2. Los Planes Parciales que se aprueben cialmente con posterioridad a la entrad vigor de la presente Ley se ajustarán a lc

puesto en el articulo 10 y desarrollarán la terminaciones que para las distintas cal ciones de suelos establezcan los respe, Planes Generales de Ordenación.

3.• Los Planes Parciales que estuviere curso de ejecución a la entrada en viga esta Ley, continuarán ejecutándose con a: a los preceptos de la Ley de Régimen de .

os efectos se entenderán que están en e ejecución:

n el sistema de cooperación, cuando se roducido la citación de los propietarios Ayuntamiento a que se refiere el arl18 de la Ley de Régimen del Suelo y Sión Urbana de 12 de mayo de 1956,

n el sistema de expropiación, cuando iere aprobado definitivamente la del¡n del polígono de expropiación a que !re el artículo 121, 4, de la citada Ley le mayo de 1956, o, en su caso, se hu>roducido dicha delimitación del políKpropiado con la aprobación definitiva respondiente Plan Parcial, o se hubiese lo la delimitación del Area de Actua-

•banística Urgente en los términos preen su legislación especial.

n el sistema de compensación, cuando ¡ese aprobado por el Organismo urbacompetente la constitución de la Junta ipensación.

n el sistema de cesión de terrenos viales,

se hubiese acordado por el Ayunta

la ejecución de las obras de urbaniza

ir dicho sistema, en los términos preve

n el artículo 130, 2. de la expresada Ley

e mayo de 1956.

os preceptos de la Ley 52/1962, de 21 de 3. 1341 y Apéndice 1951-66, 14226), sobre ion de terrenos sujetos a expropiación

•.ución de los Planes Generales de Viy Urbanismo, dejarán de aplicarse en nicipios qué, hayan aprobado sus Planes les, de acuerdo con las previsiones de ante Ley o, en su caso, hayan llevado a i adaptación a que se refiere la dispo;ransitor¡a 1.•.

actuaciones que se hubiesen iniciado al de la citada Ley, de 21 de julio de 1962 arán desarrollándose de acuerdo con sus

',sino, hasta tanto los Planes Generales lenación vigentes en la actualidad se L a la presente Ley, de conformidad con osición transitoria 1.°, o, en su caso, se

•n nuevos Planes Generales de Ordena1 Gobierno, mediante Decreto, a prodel Ministro de la Vivienda, podrá acoraplicación de lo dispuesto en esta Ley is Programas de Actuación Urbanística, supuestos regulados en el artículo 135, ireas o zonas que se determinen en el Decreto, cualquiera que sea la clasifio uso urbanístico de los terrenos qui, ndan.

El Gobierno, en el plazo de un año, rá y remitirá a las Cortes un proyecto =s del Plan Nacional de Ordenación con a lo dispuesto en el artículo 7.° de la e Ley, en el que se delimitarán las das genéricas de la estructura urbanística ordenación regional y planeamiento del ¡o.

asta tanto se apruebe el Plan Nacional enación podrán formularse y aprobarse Directores Territoriales con el contenido el procedimiento establecidos en los ar8.° y 8.° bis de la presente Ley.

)s Municipios que no contaran, a la en*n vigor de esta Ley, con Plan General enación Urbana aprobado o en tramitaeberán formular en el plazo de un año o de delimitación de suelo urbano estaen el articulo 66, 2.

:omisiones Provinciales de Urbanismo se irán en lo dispuesto en el párrafo an:uando los Ayuntamientos no hubieran ido el proyecto en el plazo que se señala sismo.

)s Planes relativos a Zonas o Centros de Turístico que se tramiten al amparo de

dades que hayan de contener con arreglo a su finalidad.

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